Me alegra comprobar la preocupación compartida en la
comunidad blogalita por los últimos graznidos del
Defensor de la Aldea. Por ejemplo
aquí,
allá y
acullá. No ha muchos días en
Barrapunto hubo una interesante discusión sobre el particular. Lo que me ha dejado patinando es el mencionado artículo 18 de la actual
Constitución Española. Corto, pego y comento:
1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.
3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.
4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.
Fíjense que en
el punto 3 se habla de una garantía especial para las comunicaciones postales, telegráficas y telefónicas, pero no dice nada de las informáticas. ¿Por qué? Una explicación sencilla es el anacronismo de este párrafo. En 1978 Internet no era más que un proyecto en cerrados ámbitos académicos y militares. Ningún político podía prever tamaña expansión 20 años después. Sin embargo,
el punto 4 habla de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal pero, ¡ojo!
para limitarla. Al menos es lo que entiendo yo, versado más de ciencias que de letras. Creo que está ahí porque en aquellas fechas existía una gran preocupación por el uso que se pudiera hacer de las bases de datos que contuvieran información sensible para los ciudadanos. Por ejemplo, se me ocurre, los antecedentes penales durante el franquismo.
¿Qué ocurre ahora que ya no quedan ni estatuas de aquel sujeto? Pues que el punto 4 leído de forma literal, sumado al punto 3 leído de forma sesgada, da un resultado abracadabrante. Más o menos así:
�Se garantiza el secreto de las comunicaciones, excepto de las informáticas, puesto que éstas pueden ir en contra de la intimidad personal y familiar.� A esta frase le añaden terrorismo, pedofilia y sectas satánicas y ya está el pastel cocinado.
Ahora me pregunto en voz alta: De todos los partidos políticos que quieren reformar en mayor o menor medida la Constitución, ¿alguno se ha dado cuenta de esto?
¿No es necesario modificar urgentemente este artículo para que se recoja explícitamente el derecho al secreto de las comunicaciones informáticas, salvo resolución judicial?
Ciertamente, me traen al pairo las disquisiciones entre región, autonomía, nacionalidad autónoma, autonomía nacional, nacionalidad a secas, o soberanía compartida. Pero que no nos toquen nuestro derecho a expresarnos libremente en Internet...
P.S.: Si Carlos Sánchez-Almeida anda por ahí, que nos ilumine con alguna reflexión desde el ámbito jurídico.