No sabemos qué hay detrás, pero podemos darnos el gusto de llenarlo de pintadas. Blog sobre Ciencia, Tecnología y Política que, como luz y materia tras el Muro, son casi la misma cosa.
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> El País es de una mafia poderosa <

Huy, perdón, siempre con los duendes de la imprenta...
Será que la tecla f y la tecla g están demasiado juntas y, además, se pulsan con el mismo dedo, siguiendo los cánones mecanográficos. En cualquier caso:

Donde dice:

"El País es de una mafia poderosa..."

debe decir:

"El País es de una magia poderosa..."

Post Scriptum -1: Aparecido hoy en El País: FE DE ERRORES: El reportaje Cazadores de Planetas publicado en el suplemento EPS, se refiere a astrónomos y no a astrólogos como se afirmaba en la portada del citado suplemento y en la primera página del periódico del domingo 6 de marzo.

PS -2: Dejo esto ya, que tengo un par de cartas astrales por terminar...

PS -3: Entiéndase animus iocandi y no animus injurandi. O mejor, entiéndase el latín y, casi de paso, algo de Física. Mejor no ir con tanta prisa... escribiendo.

2005-03-07 01:00 | joven | 15 Comentarios | #

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Comentarios

1
De: A. Fecha: 2005-03-07 17:41

Sabes latín, no hay duda... y me pregunto cuánta gente trabaja en EPS, cómo nadie ha visto el error (es más que errata) y por qué no han publicado ni una sola carta de las muchas (me consta) que se le han remitido al Director por tamaña metedura de pata...



2
De: BioMaxi Fecha: 2005-03-07 19:12

Hay una diferencia entre su errata y la tuya, de todas maneras: la suya era falsa y la tuya, dependiendo de ideologías, puede ser cierta. ;-)



3
De: Enrique Fecha: 2005-03-07 19:21

Líbrenme los cielos, con sus estrellas, cometas y planetas que marcan mi destino, de pensar algo así. Simplemente ya había enviado el titular a la imprenta, y tanto da que se molesten unos pocos científicos o unos pocos periodistas. Hubiera sido un dineral retirar los suplementos, pensarían. Incluso publicar una carta al Director. Con una fe de ratas van que se matan... (Y he puesto ratas deliberadamente esta vez...)



4
De: Enrique Fecha: 2005-03-07 19:26

... porque si fueran ratones al menos algunos tendrían estudios.



5
De: Brunhilda Fecha: 2005-03-07 21:44

Señores, eso ocurre lisa y llanamente porque desde un tiempo a esta parte, los (astro)físicos y otros científicos pintan cada vez menos en la sociedad...

Cuando Einstein vino a España por los años 20, fue primera plana de todos los periódicos. Cuando hoy vienen varios Premios Nobel de Física a España si acaso dedican cinco segundos en el telediario y alguna columnilla en alguna página par de algún epriódico...

Wisst ihr, wie das ward?(*)

(*)¿Sabéis cómo llegó a ser así? (Verso de la alocución expiatoria final de Brunhilda en el Ocaso de los Dioses.- R. Wagner)



6
De: Enrique Fecha: 2005-03-07 22:12

Triste pero cierto.
En toda la historia de los Nobel, sólo hay dos españoles: Severo Ochoa y Ramón y Cajal.
Claro que la mayoría piensa que son 3 ;)

Si hay una cosa que me pone enfermo cuando veo la televisión es el anuncio ése de una cerveza donde varias generaciones de compatriotas repiten sin pestañear las alineaciones de sus equipos favoritos, desde doña María Castaña hasta hoy.
País, Forges dixit



7
De: Heimy Fecha: 2005-03-08 11:56

Hombre Enrique. Vale que sean los únicos nobeles españoles fuera de la literatura (en medicina, además), pero de ahí a decir que sólo hay dos... :-)

Como curiosidad, recordar que Echegaray fue catedrático de Física Matemática en Madrid, pero ni por ésas :D



8
De: Enrique Fecha: 2005-03-08 13:28

Cierto Heimy, José Echegaray y Eizaguirre, Nobel en 1904. Hace sólo 101 años...
Igual cuenta como dos, como Ramón y Cajal. O como diez, porque hizo de todo el buen señor, entre otras las cosas que recuerdas.
¿No habrá nadie en algún anuncio de cerveza que lo recuerde? ¿y su centenario? ¿y la ministra de Cultura lo conocerá? Qué dudas...



9
De: Eduardo R. Saguier Fecha: 2006-12-14 15:12

La Red Mafiosa en la Ciencia y la Universidad Argentina

por Eduardo R. Saguier
Investigador Independiente del CONICET
Email: saguiere@ssdnet.com.ar

Indice

I.- Introducción
II.- La Agencia y la complicidad de sus Coordinadores de Área
III.- El Conicet y la complicidad de sus Comisiones Asesoras
IV.- Las Universidades Nacionales y la complicidad de sus Secretarías de Ciencia y Técnica
V.- Conclusiones

I.- Introducción

El origen de la Agencia Nacional para la Promoción Científico-Tecnológica, dependiente de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación, supuestamente obedeció a la necesidad de crear un sistema de financiamiento de la ciencia independiente de la institución del beneficiado y de paso despojar al CONICET de los fondos con que subsidiaba a sus propios Investigadores de Carrera, so pretexto de que no podía ser Juez y Parte Interesada en la distribución de dichos subsidios.

Pero con el correr de una sola década, lo que comenzó como un sano objetivo de independencia y equilibrio académico terminó paradójicamente en las antípodas, pues en los hechos la Agencia, el CONICET, las Secretarías de Ciencia y Técnica de las Universidades Nacionales, la CONEAU y la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación tergiversaron sus principios originarios fusionando íntima e ilegalmente sus mutuos intereses.

Los Coordinadores de Área de la Agencia, cuya responsabilidad es la de asignar los evaluadores de cada proyecto (de identidad confidencial), son designados por el Directorio de la Agencia. Estos Coordinadores de Área, preceden, acompañan o sobrevienen a los subsidios otorgados a sí mismos, lo que configura claramente el ilícito de colusión de intereses.

Más aún, la Agencia subsidia a ciertos y determinados Investigadores del CONICET y en reciprocidad el Directorio del CONICET los designa en sus múltiples Comisiones y mediante su propia Junta de Calificaciones los asciende en la carrera científica. Este plan tampoco hubiera sido posible sin el acompañamiento de numerosas autoridades, entre las cuales se encuentran todo el staff de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación así como todos los funcionarios de las Secretarías de Ciencia y Técnica de las diferentes Universidades Nacionales, las cuales han tenido mediante las categorizaciones de los denominados Incentivos parte intrínseca en dicho plan.

Estas reciprocidades son producto de códigos, privilegios y prerrogativas no escritas, mediante las cuales se incluye a los eventuales aliados, se utiliza a los auténticamente prestigiosos para infiltrar a los inescrupulosos y mediocres, y se excluye con medidas punitivas (rechazo de Informes, congelamiento de ascensos, etc.) a los desafectos o a aquellos elementos considerados como peligrosos, porque pueden llegar a socabar el plan mafioso. Con estos códigos no hay forma de arrepentirse, ni de denunciar nunca a sus colegas. La denuncia como la delación equivalen al ninguneo y el castigo.

En un principio, el monto de los subsidios comenzó con cifras de cinco dígitos, y más luego alcanzaron los seis dígitos. Por otro lado, en un comienzo el número de Áreas temáticas fue razonable pero con el correr del tiempo se fueron multiplicando vertiginosamente. La fusión de estos organismos de ciencia y técnica y la gestación de numerosos nichos de poder académico alcanzó entonces su éxtasis y su fruto ha concluido por fragmentar las filas de los científicos e inducir una suerte de paz de los sepulcros.

Debemos señalar que esta investigación pudo ser hecha merced a la insistencia en la Lista Electrónica Pol-Cien para que se exhibiera la información oculta en el sitio electrónico de la SECyT, que es falto de total transparencia y cuyo ocultamiento pareciera ser hecho exprofeso. Los cruces entre los diferentes listados fueron hechos a mano, sin software alguno y utilizando sólo la memoria humana, por lo que es muy probable que se hayan escapado muchas otras correlaciones, especialmente la de aquellos que portan apellidos patronímicos (Pérez, Rodríguez, González, Fernández, etc.)

II.- La Agencia y la complicidad de sus Coordinadores de Área

En la Agencia Nacional para la Promoción Científico-Tecnológica, dependiente de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación (SECYT), presidida por el Dr. Lino Barañao, los Coordinadores de Área Jorge Jorrat, Marcelo Cabada, Eduardo Arzt, y Jaime Cerda, se habrían adjudicado a sí mismos sendos subsidios.

En efecto, en la Convocatoria-2004, el Coordinador del Área de Ciencias Humanas y Sociales Dr. Jorge Jorrat recibió la suma de 9.000; y en la Convocatoria-2003, el Coordinador del Área de Ciencias Médicas Dr. Eduardo Arzt recibió la suma de 0.000; el Coordinador del Área de Ciencias Biológicas Dr. Marcelo Cabada recibió la suma de 0.000, y el Coordinador del Área de Tecnología Química Dr. Jaime Cerda también la suma de 0.000. Y en la Convocatoria-2002, en una sospechosa operación les fue adjudicada igual suma a los que al año siguiente fueron los Coordinadores de las Áreas de Tecnología Informática Dr. Marcelo Frías, de Tecnología de Alimentos María Cristina Añón, y de Economía y Derecho Dr. Luis Beccaria.

Asimismo, a los miembros del Directorio del CONICET Faustino Siñeriz, Carlos Rapela y Dra. Noemí Girbal de Blacha les fue asignada a cada uno en la Convocatoria-2002 la suma de 0.000; y a la Dra. Girbal en la Convocatoria-2005 una suma indeterminada bajo el Código 32.396. Y al Asesor de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación y Director del Observatorio Científico-Tecnológico Dr. Mario Albornoz le fue adjudicada en la Convocatoria-2003 la suma de 8.000, y en la Convocatoria-2005 una suma indeterminada bajo el Código 33.851.

A los Coordinadores de Área, que han sido denunciados al comienzo de este escrito, debemos agregar los Coordinadores siguientes:

1) En la Convocatoria-2005 les fue adjudicado subsidios por diferentes montos a los Coordinadores de Área Marcelo Cabada, Juan José Cazzulo, Eduardo Arzt, Alcira Batlle, Juan José Poderoso, Horacio Corti, Alberto Vargas, Luis Gugliotta, y Ana María Antón.

2) En la Convocatoria-2004 les fue adjudicado subsidios por diferentes montos a los Coordinadores de Área Eduardo Cánepa, Mirta Quattrochio, Juan Pablo Paz, Rodolfo Sánchez, Damián Zanetti, Juan Jose Poderoso, Amelia Rubiolo y Verónica Bucala.

3) En la Convocatoria-2003 les fue adjudicado subsidios por diferentes montos a los Coordinadores de Área Carlos A. Balseiro, Juan José Cazzulo, Horacio Corti, Roberto Rossi, Carlos Lanusse, Isidoro Schalamuk, y Ricardo Carelli

4) En la Convocatoria-2002 les fue adjudicado subsidios por diferentes montos a los Coordinadores de Área Gustavo Politis, Luis Alberto Beaugé, Roberto Salvarezza, Ricardo Astini, Beatriz Coira, Hermenegildo Ceccatto, Carlos Gigolo, Luis Mroginski, Maria Cristina Anón, Luis Beccaria y Marcelo Frías.

5) En la Convocatoria-2000/2001 les fue adjudicado diferentes subsidios por diferentes montos a los Coordinadores de Área Eduardo Cánepa, Juan José Cazzulo, Marcelo Cabada, Rodolfo Sánchez, Damián Ravetta, Gustavo Corach, Juan Pablo Paz, Juan José Poderoso, Alcira Batlle, Beatriz Coira, Walter Helbling, Ana María Parma, Alberto Escande, Amelia Rubiolo, Alberto Vargas, Francisco Felipe Garcés, y el actual Presidente de la Agencia Lino Barañao.

En efecto, en la Convocatoria-2005, les fue adjudicado a los Coordinadores del Área de Ciencias Biológicas Marcelo Cabada y Juan José Cazzulo montos indeterminados bajo los códigos 31.660 y 38211; a los de Ciencias Médicas Eduardo Arzt, Alcira Batlle, Juan José Poderoso cifras indeterminadas bajo los códigos 31.541, 32642, y 34.785; al de Ciencias Químicas Horacio Corti una cifra indeterminada bajo el código 32.916; al de Tecnología Energética Alberto Vargas una cifra indeterminada bajo el código 32.438; al de Tecnología Química Luis Gugliotta una cifra indeterminada bajo el código 38.158; y al de Ciencias Biológicas de Organismos Ana María Antón un monto indefinido bajo el código 34.901.

En la Convocatoria-2004, le fue adjudicado al Coordinador del Área de Ciencias Biológicas Dr. Eduardo Cánepa un subsidio por 0.000; al de Ciencia de la Tierra Mirta Quattrochio 3.000; a los de Ciencias Fisico-Matemáticas Juan Pablo Paz 1.000, Rodolfo Sánchez 0.000; y Damián Zanetti 2.000; al de Ciencias Médicas Juan José Poderoso 9.000; al de Ciencia de la Tierra Rodolfo Sánchez .802; al de Tecnología de Alimentos Amelia Rubiolo 0.000; y al de Tecnología Química Verónica Bucala 8.000.

En la Convocatoria-2003, le fue adjudicado al Coordinador del Área de Ciencias Matemáticas Carlos A. Balseiro 0.000; al de Ciencias Biológicas Juan José Cazzulo 0.000; a los de Ciencias Químicas Horacio Corti 9.000 y Roberto Rossi 0.000; al de Tecnología Pecuaria Carlos Lanusse 0.000; al de Tecnología Energética Isidoro Schalamuk 6.000; y al de Tecnología Informática Ricardo Carelli 6.000. A propósito, el Coordinador Roberto Rossi, aquí mencionado, sería el mismo que figura en La Nación del viernes 1º de diciembre como habiendo recibido el Premio Sadoski-Bernardo Houssay.

En la Convocatoria-2002, le fue adjudicada al Coordinador de Ciencias Humanas Gustavo Politis 0.000; al de Ciencias Médicas Luis Alberto Beaugé 0.000; al de Ciencias Químicas Roberto Salvarezza 3.000; a los de Ciencias de la Tierra Ricardo Astini 0.000 y Beatriz Coira 204.000; al de Ciencias Físico-Matemáticas Hermenegildo Ceccatto 0.000; al de Tecnología Química Carlos Gigoló .000; al de Tecnología Agraria Luis Mroginski 3.000; a la de Tecnología de Alimentos María Cristina Anon 9.000; al de Economía y Derecho Luis Beccaria 1.000; y al de Tecnología Informática Marcelo Frías 6.000.

En la Convocatoria-2000/2001, le fue adjudicada a los Coordinadores del Área de Ciencias Biológicas Eduardo Cánepa 0.000; Juan José Cazzulo 0.000; y Marcelo Cabada .000; a los de Tecnología Agraria Rodolfo Sánchez .000 y Damián Ravetta 0.000 (este último colaborador del Ing. Víctor Kopp, Director del Área Técnica de Gestión de Subsidios); a los de Ciencias Físico-Matemáticas Gustavo Corach 5.000 y Juan Pablo Paz .000; al de Ciencias Médicas Juan José Poderoso 5.000; a la de Ciencias Químicas Alcira Batlle 0.000; al de Ciencias de la Tierra Beatriz Coira 0.000; al de Ciencias Biológicas de Organismos Walter Helbling 0.000; al de Tecnología Pecuaria Ana María Parma 0.000; al de Tecnología Agraria Alberto Escande 5.000; al de Tecnología de Alimentos Amelia Rubiolo 0.000; y a los de Tecnología Energética Alberto Vargas .000 y Francisco Felipe Garcés .000. En esta última Convocatoria 2000/2001 le fue adjudicada al Prof. Lino Barañao la suma de 0.000; al ex Presidente del CONICET y actual Director General del FONCYT Armando Bertranou .000; y a los Decanos Alberto Boveris y Héctor Trinchero 0.000 a cada uno. En la Convocatoria-2005 registra su aparición el ex Secretario de Ciencia y Técnica del Menemismo Juan Carlos del Bello bajo el código 35.196, y la Secretaria de Educación de la Provincia de Buenos Aires Adriana Puiggrós con un monto indefinido bajo el código 38.346. También registra un subsidio el recientemente ascendido a la máxima categoría de Investigador Superior del CONICET Martín Isturiz con una suma indefinida bajo el código 38.197

III.- El Conicet y la complicidad de sus Comisiones Asesoras

La presencia de los miembros del Directorio del CONICET Faustino Siñeriz, Carlos Rapela y Noemí Girbal de Blacha entre los integrantes de la Cadena de la Felicidad de la Ciencia Argentina ha confirmado la sospecha de la existencia de una íntima reciprocidad entre la Agencia y el CONICET. Cruzando la actual lista de integrantes de las Comisiones Asesoras del CONICET, correspondiente al año 2006, con las Listas de los beneficiados por la Agencia-SEPCyT durante el último quinquenio ha dado como resultado casi un centenar de correlaciones, las que eventualmente revelarían la identidad de los integrantes de ese falso Parnaso en que se ha convertido la Cadena de la Felicidad aquí denunciada.

Entre los integrantes de la Comisión Asesora de Ciencias Médicas, los que recibieron subsidios en el año 2000/2001 fueron Aldo Mottino con la suma de 5.000; Carlos José Pirola con la suma de 0.000; Oscar Bottasso con un total de .000; y Héctor Targovink con el monto de 5.000; en el año 2002 fueron Patricia Elizalde con la suma de 0.000; Ana María Franchi con la suma de 0.000, y la Alicia Belgorosky con la suma de 0.000; en el año 2003, Hugo Daniel Luján recibió la suma de 0.000, y Osvaldo Uchitel la suma de 0.000; en el año 2004 los que recibieron fueron Rodolfo Campos la suma de 9.000; Jorge Geffner la suma de 4.000; María Ángela Lazzari la suma de 0.000; Alicia Mattiazzi la suma de 1.000; Héctor Targovnik volvió a recibir otro monto de 2.000; y Mario G. Murer la suma de 5.000. En este último caso, habría que aclarar que el Dr. Murer había ya recibido en el año 2002 la suma de 0.334. Y en el año 2005, los que recibieron fueron Claudia Capurro una suma bajo el código 32.130; Osvaldo Podhajcer un monto bajo el código 38.011; y otra vez Osvaldo Uchitel una suma desconocida.

Entre los integrantes de la Comisión de Biología Alfredo Juan Castro Vázquez recibió en 2002 la suma de 7.000; y en el año 2005 Miguel Angel Sosa Escudero recibió una suma indefinida bajo el código 33.383; y Marta Dolores Mudry un monto bajo el código 38.001.

Entre los miembros de la Comisión de Química, en el año 2000/2001 María Rita Micaela Hoyos de Rossi recibió un total de 0.000; Manuel López Teijelo la suma de .000; y Carlos Previtali un total de 5.000; en el año 2002 el Coordinador Gerardo Burton recibió la suma de 2.000; en el año 2004 los que recibieron fueron Edgardo Durantini la suma de 3.000; Luis Dante Martínez el monto de 0.000; y José Carmelo Pedregosa la suma de 7.000. Y en el año 2005, Carlos M. Previtali volvió a recibir un monto indeterminado bajo el código 32.351. Entre los integrantes de la Comisión de Bioquímica, en el año 2004, la Coordinadora Beatriz Caputto recibió la suma de 0.000; José Luis Bocco recibió 9.000; Horacio Garda recibió la suma de 0.000; Fernando Goldbaum el monto de 0.000; y María Isabel Colombo recibió la suma de 6.000. En este último caso, habría que aclarar que la Dra. Colombo había ya recibido en el año 2002 un monto de 6.771.

Entre los miembros de la Comisión de Matemáticas y Computación Juan Santos recibió en 2002 la suma de 5.000; y Graciela Boente Boente recibió en 2004 la suma de 7.000. Entre los miembros de la Comisión de Física, Ricardo Piegaia recibió en 2002 la suma de 1.249; y en el 2005 recibieron Jorge Fernández Niello una suma indefinida bajo el código 32.757; y Patricia Levstein otro monto desconocido bajo el código 33.623. Entre los integrantes de la Comisión de Astronomía, su Coordinador Pablo J. Mauas recibió en 2005 una suma indeterminada bajo el código 32.408. Entre los integrantes de la Comisión de Ciencias Exactas y Naturales Gerardo Perillo quien desempeña a su vez el cargo de Coordinador de la Comisión de Ciencias de la Tierra, recibió en 2004 la suma de 2.000.

Entre los miembros de la Comisión de Ciencias Agrarias, en el año 2002 Roberto Lecuona recibió la suma de 5.000; y en el año 2003 Sofía Chulze recibió un total de 0.000. Entre los integrantes de la Comisión de Veterinaria, en 2000/2001 Osvaldo Rossetti recibió la suma de .000; y en 2002 Enrique Portianski recibió un total de 7.000. Entre los miembros de la Comisión de Ciencias de la Tierra, el Agua y la Atmósfera, en 2000/2001 Analía Artabe recibió .000; Sergio Matheos la suma de .000; y Alejandro Tosselli la suma de 0.000; en 2002 Carlos Cingolani recibió la suma de 8.167; en 2004 Susana Bischoff recibió un total de 0.000; y en el 2005 los que recibieron fueron nuevamente Analía Artabe una suma bajo el código 32.323; y Alicia Ronco un monto bajo el código 38.350.

Entre los integrantes de la Comisión Asesora de Ingeniería Civil, Mecánica y Eléctrica, el Ing. Guillermo Kaufman recibió en 2005 una suma bajo el código 38.168. Entre los miembros de la Comisión Asesora de Ingeniería y Procesos Industriales y Biotecnológicos en 2000/2001 José Bandoni recibió la suma de 0.000.

Entre los integrantes de la Comisión de Ciencias Humanas, María Isabel Santa Cruz recibió en 2005 una suma bajo el código 38.227. Entre los miembros de la Comisión de Arquitectura en 2000/2001 Beatriz Cuenya recibió la suma de .000. Entre los integrantes de la Comisión de Historia y Antropología en 2000/2001 Cristina Bellelli recibió la suma de .000.

También han sido beneficiados con subsidios los integrantes de las Comisiones Asesoras Pablo Penchaszadeh, Alfredo Bolsi y Guillermo Mengoni Goñalons. También se registra este fenómeno: en la Universidad de Córdoba con los Investigadores Dora Celton y César Tcach; en la Universidad de Cuyo con el biólogo Alfredo Castro Vázquez; y en la Universidad Nacional del Sur con el tecnólogo químico José Alberto Bandoni, quien integra la Comisión Asesora de Ingeniería de Procesos Industriales y Biotecnología.

Entre los miembros de la Comisión Asesora Interdisciplinaria Especial Ad-Hoc de la Gran Área de Ciencias Agrarias, Noemí Walsoe de Reca recibió en el año 2003 una indefinida suma de dinero; y en la de Ciencias Biológicas Stella González Cappa recibió un monto indeterminado, Ricardo Farías 0.000 en 2003, y Rodolfo Ugalde que a su vez desempeña el cargo de Coordinador de la Comisión de Veterinaria y fue Director del Consejo de Investigaciones Científicas (CIC) de la Provincia de Buenos Aires recibió 0.000 en 2003 y 5.000 en 2004.

Entre los integrantes del Comité Asesor del Núcleo Básico de Revistas Científicas les fue adjudicado a Alfredo Bolsi .000 en 2000/01, a Dora Barrancos 8.000 en 2004, a Alejandro Rofman 5.000 en 2004, a Marcelo Cavarozzi 4.000 en 2004 y una cifra indeterminada a Stella González Cappa.

Entre los integrantes de la Comisión Ad-Hoc-Recursos correspondiente a las Ciencias Sociales le fue adjudicada a Ana María Lorandi en 2003 la suma de .969 y a Víctor Tau Anzoátegui .000 en 2000/2001 y un total de .000 en 2003. Entre los integrantes de la Comisión Ad-Hoc de Materiales, Roberto Salvarezza recibió en 2002 la suma de 3.000.

Y finalmente, entre los miembros del Comité Nacional de Ética en Ciencia y Tecnología de la SECYT Stella M. González Cappa, Alberto R. Kornblihtt, Armando Parodi y Otilia Vainstok recibieron jugosos subsidios. La Dra. González Cappa lleva acumulados desde 1998 tres diferentes subsidios de tres dígitos cada uno. ¿Sus otros miembros Roberto Fernánez Prini, Samuel Finkielman, Noé Jitrik, Ernesto E. Maqueda, Fernando O. Ulloa y Aída Kemelmajer de Carlucci tendrán algo para opinar respecto a la Cadena de la Felicidad recientemente descubierta bajo sus narices? ¿Ninguno de estos científicos expertos en temas de ética sospechó ninguna anormalidad?

IV.- Las Universidades Nacionales y la complicidad de sus Secretarías de Ciencia y Técnica

Habíamos descubierto que los Coordinadores de la Agencia -elegidos por el Directorio para seleccionar los evaluadores de cada Proyecto-- también fueron simultánea o en forma diferida beneficiarios de subsidios. Más luego hallamos que la Agencia subsidia a ciertos y determinados Investigadores del CONICET y en reciprocidad el Directorio del CONICET los designa en sus múltiples Comisiones y mediante su propia Junta de Calificaciones los asciende en la carrera científica. Y hoy venimos a descubrir que esta suerte de asociación ilícita no habría sido tampoco posible sin la sociedad de las Secretarías de Ciencia y Técnica de las diferentes Facultades y/o Universidades Nacionales, las cuales han tenido merced a los Bancos de Evaluadores de la Secretaría de Políticas Universitarias y de la CONEAU -que establecen cual si fueran juntas de calificación categorizaciones y puntajes a nivel individual e institucional-- parte intrínseca en la eventual asociación ilícita y en sus derivaciones penales, en cuanto a apoderamiento fraudulento, usufructo patrimonial del cargo y enriquecimiento ilícito.

Entre las funciones y responsabilidades de los Secretarios de Ciencia y Técnica de las Facultades y/o Universidades Nacionales, la tercera pata del trípode burocrático sobre el cual estaría montada la red que domina la producción del conocimiento científico en Argentina, está la de hacer el seguimiento de los Proyectos de Investigación financiados por organismos nacionales, provinciales y/o universitarios, así como la de administrar las Rendiciones de Cuentas de los gastos practicados por los Responsables de los Proyectos financiados.

Los funcionarios que deben otorgar subsidios a otros y que por el contrario se lo otorgan a sí mismos o a terceros que son afines por amistad o parentesco habrían incurrido en varios delitos: en primer lugar en negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública; en segundo lugar en la construcción de una red ilegal de apoderamiento fraudulento de las estructuras de decisión de las universidades (Rectorados, Decanatos y Secretarías de Investigación), y de las instituciones de dominación académica (CIN, CONEAU, CONICET, ANPCYT), estas últimas alimentadas con los Bancos de Evaluadores provistos por aquellas; en tercer lugar se habrían convertido en partícipes de una asociación ilícita agravada en razón del cargo detentado; en cuarto lugar habrían incurrido en lo que se conoce como usufructo patrimonial del cargo; y en última instancia en enriquecimiento ilícito.

Estas conductas alcanzan a los mismos socios del silencio, que son los que medran compartiendo subsidios y proyectos (conductas tipificadas en los artículos 248, 256, 260, 261 y 210 del Código Penal), por cuanto la obligación del funcionario académico es otorgar subsidios a los que lo peticionan y no incurrir en incompatibilidades manifiestas otorgándoselo a sí mismo o a sus socios o amigos. Por cierto, para que la indagación de la existencia de una asociación ilícita fuera más plenamente acreditada se debería requerir la información relativa a los parentescos carnales y políticos, que como cualquier fiscal federal conoce son en el interior del país -por razones demográficas-una realidad más intensa y palpable que en la capital de la república.

Todo esta descomposición moral comenzó escalonadamente primero en la década del 80 con los concursos, siguió luego en la década del 90 y merced al Pacto de Olivos con los denominados incentivos a la investigación, y culminó más luego con los subsidios y la creación de la Agencia. El propio mecanismo de los incentivos se inició en forma amplia, y progresivamente se fue restringiendo primero a los que contaban con dedicación exclusiva, luego a los que fueren profesores titulares regulares, y así sucesivamente hasta reducir el número de los beneficiarios a un cenáculo cada vez más reducido. Pero lo más grave de todo no es la nómina de los que se beneficiaron, sino el tipo de saber que han legitimado como conocimiento de excelencia.

En cuanto al contralor de la gestión administrativa, tenemos que las Universidades Nacionales practican distintos criterios para ejecutar la función de auditoria, con muy diversos grados de rigor y transparencia, pues que se sepa no han descubierto hasta hoy ningún caso de apoderamiento fraudulento y/o enriquecimiento ilícito. Algunas Universidades han unificado esta responsabilidad en una Secretaría u organismo centralizado y otras lo han diversificado en tantas Secretarías como Facultades existen en sus organigramas. Para el caso, tenemos que la Universidad Nacional de Tucumán tiene desde hace un tiempo al frente de su Secretaría de Ciencia y Técnica al historiador Daniel Campi, el mismo a quien la Agencia financió en el 2002 con un subsidio de 5.938. En la Universidad Nacional de Córdoba, la Secretaría de Ciencia y Técnica estuvo cubierta por Alberto Edel León quien recibió sendos subsidios en 2003 y 2005, y en la actualidad figura a la cabeza el químico Héctor Rubinstein, el mismo que fue financiado en el período anterior de 2005 con un subsidio cuyo monto aún sigue indeterminado. En la misma universidad, la Secretaria Académica de Exactas Sonia Colantonio en 2002 recibió .821; y el Director del Programa de Doctorado en Ingeniería Oscar A. Anunziata recibió un PICT en 2003. En la Universidad Nacional de Rosario, el Secretario de Ciencia y Técnica de la Facultad de Ciencias Exactas Roberto Aquilano se benefició en 2005 con un subsidio de monto indeterminado. En la misma universidad, el Secretario de Ciencia y Técnica de la Facultad de Medicina Oscar Bottasso se benefició en 2004 con un subsidio de 3.125. En la Universidad Nacional de Córdoba, el Decano de Ciencias Químicas Gerardo Fidelio recibió en el 2001 la suma de 4.000. Y en la Universidad Nacional del Litoral, la Vice-Decana de la Facultad de Farmacia Yolanda Bolzón de Lombardo se benefició en 2005 con otro subsidio de suma indefinida.

En la provincia de Buenos Aires, los actos cuestionados tampoco escasearon. En la Universidad Nacional del Sur, el actual Secretario de Ciencia y Técnica Osvaldo Agamennoni recibió en 2003 la suma de 7.727. En la Universidad Nacional de Mar del Plata, el Decano de Ciencias Exactas Gustavo Daleo y la Secretaria de Investigaciones Virginia Manzini recibieron en 2005 sendas sumas de monto indeterminado. En la Universidad Nacional de San Martín, el Director de la Escuela de Política Marcelo Cavarozzi se benefició en 2004 con un subsidio de 4.529; y el Secretario de Investigación Diego Hurtado de Mendoza fue financiado en 2004 con un subsidio de .279. Y en la Universidad Nacional de Quilmes tenemos el caso de un Consejero Departamental el biólogo Pablo Ghiringhelli, quien obtuvo en el 2005 un subsidio de la Agencia por un monto indefinido de pesos; y el de un biólogo Mario R. Ermácora, que fue subsidiado reiteradamente en dos períodos consecutivos, el del 2004 y el del 2005.

En el caso de la UBA, tenemos que algunos de los integrantes de la media docena de Comisiones Técnicas Asesoras (CTA) --que tienen como función prestar asesoramiento en las tareas de evaluación de las distintas actividades de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UBA-- serían también hipotéticamente parte necesaria de la red denunciada. Entre los beneficiarios de los subsidios por cifras aún no divulgadas, repartidos por la Agencia en el 2005, se encuentran los siguientes Investigadores: el miembro de la CTA No.1, de las Ciencias de la Salud Humana Rodolfo Rothlin; el integrante de la CTA No.3 de Ingeniería, Ciencias Ambientales y Habitat Juan Manuel Borthagaray (quien a su vez suma otro subsidio del 2002 de 0.000); los miembros de la CTA No.4, de Ciencias Básicas y Biológicas Alicia Godeas (PICT-2003 de 8.980) y Juan Pablo Rossi (quien a su vez suma otro subsidio del 2002 de 6.250); los miembros de la CTA No.5, de Ingeniería, Ciencias del Ambiente y Habitat Guillermo Artana y Jorge Alberto Sarquis; y los integrantes de la CTA No.6 de Ciencias Agropecuarias y Salud Animal: Ana Pilosof, Jorge Casal, Alejandro Mentaberry, Angel Chiesa (suma otro subsidio del 2002 de 3.708) y Alicia Fernández Cirelli, ex Secretaria de Ciencia y Técnica del Rectorado durante el Shuberofismo. Por último, faltaría contrastar las listas de beneficiarios de subsidios con los anteriores integrantes de estas mismas Comisiones Técnicas Asesoras, que por cierto no están exhibidos en la web, seguramente dados de baja para no dejar rastros de sus reiterados ilícitos.

En cuanto a las Secretarías de Ciencia y Técnica de cada Facultad de la UBA, tenemos que en la Facultad de Odontología, el Secretario de Ciencia y Técnica Enri Santiago Borda -integrante del CTA No.1-- ganó en el 2005 otro PICT de monto desconocido. En la de Farmacia y Bioquímica el Secretario de CyT Daniel Turyn ganó en 2004 un subsidio por 2.925. Y en la de Medicina, en la actual Comisión de Investigación de dicha Facultad el Dr. Daniel Sordelli ganó en el 2002 un subsidio por 0.000. Asimismo, en la UBA hemos encontrado entre los beneficiados por la Agencia al Decano de Filosofía y Letras Héctor Trinchero con 0.000, al Decano de Farmacia Alberto Boveris con 0.000, a la Vice-Decana de Farmacia Graciela Ferraro con una suma indeterminada, al Vice-Decano de Medicina Ricardo Gelpi con un subsidio en 2002 de 1.812; y a un ex Decano de Sociales Fortunato Mallimacci con 2.186 en 2004. Entre el staff de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación nos tropezamos con el nunca tan bien recordado Hugo Levato, el mismo que aseguraba durante el Proceso y desde USA lo bien exonerados que estaban los Investigadores que más luego "desaparecieron". En efecto, en el 2004 Hugo Levato levantó en la Agencia un subsidio por la suma de 1.422. Y en el caso de la CONEAU, dos miembros de su Directorio, el sociólogo y ex funcionario de la Universidad Nacional de Quilmes Ernesto Villanueva, y el sociólogo Carlos Pedro Krotsch recibieron de la Agencia respectivamente en 2002 y 2005 la suma de 5.354 y de un monto desconocido.

También contamos con los extraños casos de aquellos Investigadores que aparecen financiados duplicadamente, es decir con subsidios otorgados a la misma persona y/o su homónima, en dos proyectos correspondientes a unidades académicas distintas. Este ha sido el caso en la Universidad Nacional del Centro del Investigador Alberto Parma, quien aparece con un subsidio otorgado en el 2005 en el Área de las Ciencias Médicas, y otro tanto en el mismo período en el Área de la Tecnología Pecuaria. El del Investigador Jorge Calvo, de la Universidad La Patagonia, y simultáneamente miembro de la Junta de Calificaciones del CONICET, quien aparece subsidiado en el mismo período del 2005 en dos Proyectos distintos, uno en el Área de las Ciencias de la Tierra y el otro en el Área de las Ciencias Biológicas de Organismos. Y el del Investigador Emilio Malchiodi de la UBA, quien figura subsidiado en el Área de las Ciencias Biológicas y también en el Área de las Ciencias Médicas..

Para el caso de la Universidad Nacional de Rosario contamos con el muy particular ejemplo de un matrimonio cuyos integrantes tuvieron ambos la felicidad de que la ANPCYT les financiara sendos proyectos, tanto el del marido, el biólogo Ricardo Duffard, en el 2005; como el de su esposa la tecnóloga del medio ambiente Ana María Evangelista de Duffard, con un monto de 8.333 devengado en el 2004, que sumados ambos dan en la unidad familiar más de medio millón de pesos en un par de años.

Por último, la cuarta pata de la mesa sobre la cual está mal servida la ciencia argentina sería la Secretaría de Políticas Universitarias y la CONEAU, ambas dependientes del Ministerio de Educación de la Nación, instituciones destinadas a categorizar a los denominados docentes investigadores y a los programas de las instituciones de docencia superior. Ambas instituciones se han prestado hasta el presente, a través de las supuestas categorizaciones y puntajes, a toda suerte de manipulaciones y conspiraciones, de la cual están privilegiadamente exentos quienes son docentes de universidades o investigadores correspondientes al ámbito privado. Es decir, los miembros de instituciones o universidades privadas están excepcionalmente dispensados de tener que pasar por las horcas caudinas y kafkianas de una inmensa burocracia estatal.

V.- Conclusiones

Para completar esta investigación faltaría conseguir la Lista de Subsidios del corriente año 2006 y cruzar la Lista de Subsidios de la Agencia con las Listas de las Comisiones Asesoras del CONICET correspondientes a los años 2000/2001, 2002, 2003 y 2004, y así poder comprender el cuadro de gerenciamiento de la red denunciada. Asimismo, quedaría por cruzar esta información con las Listas de Ascensos practicados por la Junta de Calificaciones del CONICET, y con las Listas de los categorizados para los Incentivos producidas por las diferentes Universidades Nacionales. Cabe agregar que la metodología es la misma que se inauguró en los Premios Bernardo Houssay, que se repartieron en 1987, y que se denunciaron en su oportunidad con nombres y apellidos, y donde uno de sus organizadores integra la actual Junta de Calificaciones del CONICET. En todos estos Listados llaman la atención más de una docena de repeticiones, como ser las de Eduardo Cánepa, Rodolfo Sánchez, Juan José Poderoso, Héctor Targovnik, Mario G. Murer, Osvaldo Uchitel, Mario Albornoz, Víctor Tau Anzoátegui, Carlos M. Previtali, Analía Artabe, María Isabel Colombo, Beatriz Coira y Amelia Rubiolo, quienes aparecen como beneficiarios en repetidas Convocatorias. El de Poderoso parece ser el más llamativo pues también registra un tercer subsidio en el 2005.

Las preguntas que caben formularse son de orden jurídico y moral: ¿los actos académicos administrados por estos Coordinadores cuentan con validez moral y legal? ¿estamos o no frente a un caso criminal, y en tal eventualidad corresponde o no efectuar una denuncia judicial? ¿De tratarse de un delito los actos de los imputados deberían ser reconsiderados y en ese caso deberían o no restituir los dineros recibidos? ¿Qué pasa con los numerosos proyectos que fueron rechazados y cuyos evaluadores fueron designados por los Coordinadores aquí denunciados? y ¿que responsabilidad les cabría en este entuerto a los Presidentes del ANPCYT y del CONICET Lino Barañao y Eduardo Charreau y a sus directos superiores Tulio Del Bono y Daniel Filmus?.

Toda esta investigación lleva al viejo enigma socrático sobre si es acaso posible democratizar una mafia, que impida los abusos de poder y las repeticiones dolosas de las prebendas racionadas, o por el contrario ello es una tarea imposible. Por lo pronto, se debería considerar las ventajas y menores riesgos de error de premiar obras consumadas sobre la de subsidiar obras proyectadas cuyos eventuales beneficiados deben ser previamente categorizados por una burocracia estatal contaminada.

Finalmente, debemos concluir que la lucha contra la corrupción en el campo de la ciencia sólo puede tener éxito desde la instancia política, y que ninguna esperanza puede cifrarse en la judicialización de la misma. Es entonces la política la que --en el marco de los derechos y garantías democráticos- debe producir el saneamiento moral y el cambio estructural.


Fuente Documental

Convocatoria-2000-2004
http://www.agencia.gov.ar/convocatorias/foncyt_convocatorias_anteriores_pict.php

Convocatoria-2005
http://www.agencia.gov.ar/convocatorias/documentosconvocatorias/TIPO_A_Y_B.pdf

Proyectos No Admitidos en 2004
http://www.agencia.gov.ar/convocatorias/documentosconvocatorias/pict2004_no_admis.pdf

Proyectos No Admitidos en 2003
http://www.agencia.gov.ar/convocatorias/documentosconvocatorias/pict2003_no_admis.pdf




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De: Eduardo R. Saguier Fecha: 2009-05-12 16:57

COMPLICIDAD del MINISTRO BARAÑAO con la CORRUPCIÓN

por Eduardo R. Saguier

Resumen

En este trabajo compruebo la complicidad de los Ministros Barañao y Filmus y del Comité de Ética en Ciencia y Tecnología (CECTE) en la degradación moral de la conducción del área científico-tecnológica argentina. Para ello estudio el discrecional proceso evaluativo de los proyectos subsidiados por la Agencia, las incompatibilidades, las responsabilidades oficiales, los principios universales puestos en juego, la no transparencia y simulación fraudulenta de los portales electrónicos oficiales, la complicidad del mandarinato académico con la violación de la ética, y las represalias políticas a los que se opusieron al Plan Mafioso.

COMPLICIDAD de los MINISTROS BARAÑAO y FILMUS con el PENTÁGONO de la CORRUPCIÓN en CIENCIA y TÉCNICA

por Eduardo R. Saguier

INDICE

1.- PROBLEMA CRÍTICO A RESOLVER
1.1.- Discrecionales Filtros Evaluativos de cada Proyecto en la Agencia
1.2.- Excusas Formales a las Incompatibilidades
1.3.- Responsabilidades de la Comisión de Ética de Ciencia y Técnica (CECTE)
1.4.- Responsabilidades de los Ministros del Área (Barañao y Filmus)
1.5.- Principios Universales Absolutamente Ignorados
1.6.- No Transparencia y Simulaciones Fraudulentas en los Portales Electrónicos Públicos
1.7.- Monopolización de los Recursos Oficiales por parte de los Directivos de CyT
1.8.- Complicidad del Mandarinato con la Violación de la Ética.
1.9.- Represalias a los Investigadores, víctimizados por oponerse al Plan Mafioso
2.- COMPROBACIÓN FÁCTICA del PROBLEMA
2.1- Apéndice I

1.- PROBLEMA CRÍTICO A RESOLVER.

Una media docena de instituciones legales (AGENCIA, CONICET, CONEAU, SPU, CECTE) concluyeron tejiendo un inmenso pentágono compuesto por verdaderos nudos gordianos y por flujos venales de ida y vuelta (subsidios, incentivos, categorizaciones, acreditaciones, confidencialidades, asesorías, consultorías, observatorios, transferencias tecnológicas, etc.). Este contaminado pentágono, al condicionar las libertades académicas y tercerizar las universidades, ha concluido por devaluar tanto la autonomía de las mismas, como el sistema de equilibrio de poderes (frenos y contrapesos) que debe existir en el seno de los organismos académicos colegiados, y la excelencia de la formación universitaria y de la producción científica.

AGENCIA (Agencia Nacional para la Producción Científico-Tecnológica) (A): Medio centenar (50) de sus Coordinadores recibieron subsidios de la propia Agencia, y de los cuales ocho (8) percibieron .662.000 a un promedio de 7.750 c/u. La antropóloga Rosana Guber, hija de la Dra. Rebeca Cherep de Guber, Presidenta de la Agencia, también recibió su correspondiente subsidio. La Agencia engloba al Comité de Ética en la Ciencia y la Tecnología (de ahora en mas CECTE), y supervisa las categorizaciones de los incentivos que distribuye la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) e indirectamente las acreditaciones de los programas de Maestría y Doctorado de la CONEAU, estos dos últimos organismos dependientes del Ministerio de Educación.

CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científico-Tecnológicas) (C): Tres (3) de los miembros del Directorio (Girbal, Siñeriz y Rapela) recibieron subsidios de la Agencia. Sesenta (60) miembros de las Comisiones Asesoras del CONICET (CA) también recibieron subsidios de seis (6) dígitos de la Agencia, y de los cuales siete (7) percibieron la suma de .846.105, a un promedio de 6.586 c/u.

CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria) (CON): Aunque perteneciente al Ministerio de Educación dos (2) miembros de su Directorio (Villanueva y Krotsch) percibieron de la Agencia la suma de 5.354, a un promedio de 8.000 c/u.

SPU (Secretaría de Políticas Universitarias) (SPU): distribuye los incentivos a los docentes-investigadores de las Universidades Nacionales y categoriza a los mismos, tarea en la cual es supervisado por la Agencia.

CECTE (Comité de Ética en la Ciencia y la Tecnología) (CEC): Emitió dictámenes exculpatorios en materia de ética administrativa a favor de los Coordinadores de la Agencia. Sin embargo, cuatro de sus directivos (Kornblihtt, Parodi, Vainstok y González Cappa) recibieron subsidios de la Agencia. La Dra. González Cappa recibió tres diferentes subsidios de seis dígitos cada uno.

OAC (Oficina Anti-Corrupción) (OAC): oficia de depositario de las Declaraciones Juradas de Bienes hasta tanto se constituya la Comisión Nacional de Ética de la Función Pública, establecida en el decreto reglamentario de la Ley de Ética Pública Nº 25.188. Y en la práctica la OAC ha cajoneado las denuncias formuladas por cuestiones de incompatibilidad en los cargos de CyT.

Por ende, las autoridades de cinco (5) organismos de CyT y de Educación: los Coordinadores de la Agencia (A), los miembros del Directorio del CONICET (D), los miembros de las Comisiones Asesoras del CONICET (CA), los integrantes del Directorio del CECTE (CEC), y los Directores de la CONEAU son como primos hermanos, más hermanos que primos, dado que recibieron subsidios del mismo padrino-antecesor: los une la Agencia y el Ministro de Ciencia y Técnica.

1.1.- Discrecionales Filtros Evaluativos de cada Proyecto en la Agencia

El proceso evaluativo de cada Proyecto en la Agencia lo dirige el Coordinador respectivo y la Comisión ad-hoc que analiza la pertinencia del Proyecto. El Coordinador de cada área tiene la responsabilidad de elegir a los evaluadores desinsaculándolos de un Banco de Pares Evaluadores, quienes evalúan la calidad de los proyectos; y el Presidente de la Comisión ad-hoc es el encargado de instrumentar los medios necesarios para que se dictamine sobre la pertinencia del proyecto.

En cuanto a los Pares Evaluadores, que son los evaluadores de los Proyectos a subsidiar debo decir:
a) son más de mil en cada área de conocimiento;
b) una muy pequeña minoría es la que usualmente es llamada a intervenir;
c) su incorporación al Banco de Pares o Expertos Evaluadores se hace con total arbitrariedad por parte del Directorio de la Agencia;
d) Su desinsaculación para la evaluación de cada Proyecto tiene el mismo vicio de discrecionalidad y arbitrariedad que el punto anterior.
e) No es de extrañar que los Pares Evaluadores usualmente convocados para aceptar o rechazar Proyectos, que es una tarea honoraria, hayan sido también subsidiados.
f) Todo sin perjuicio ni menoscabo de muchos integrantes de los Bancos de Pares Evaluadores que son ajenos e inocentes de este sistema y de cuya honorabilidad no se pone aquí en duda.

1.2.- Excusas Formales a las Incompatibilidades

Es incompatible para un funcionario otorgarse a sí mismo un beneficio, dado que esa actitud implica privar a otro investigador que no es funcionario de dicho beneficio. No obsta a esta incompatibilidad que el beneficio sea otorgado por otros organismos integrantes del mismo Ministerio, dado que todos son empleados subalternos en la misma unidad ministerial. Tampoco obsta a la incompatibilidad que el miembro Asesor o Coordinador se excuse de intervenir cuando la Comisión o Área de conocimiento respectiva trata su propio pedido de subsidio. Obvio que de esa manera solo se salvan las formas y no la incompatibilidad, puesto que el subsidio cae en sus manos devolviendo la prestación con su voto a favor de los pares en la Comisión o Área de conocimiento respectiva.

Para evitar estos conflictos --propios de una administración venal que no respeta los parámetros meritocráticos y que maquina su ascenso socioeconómico mediante maniobras de corrupción política-- las garantías de independencia, imparcialidad, publicidad, igualdad y transparencia deberían ser requisitos insoslayables para el funcionamiento de todo poder evaluador, del fuero o jurisdicción que fuese.

1.3.- Responsabilidades del Comité de Ética en Ciencia y Tecnología (CECTE)

Tampoco obsta a la incompatibilidad ninguna reglamentación, ni exculpación, ni absolución, de organismo interno alguno, aunque fuere autónomo, que pretenda blanquear, encubrir o purgar la falta de transparencia, publicidad, legalidad, igualdad o responsabilidad, o que contradiga el espíritu de las Leyes Nacionales de Actos Discriminatorios N° 23.592 y de Ética de la Función Pública Nº 25.188, salvo en ésta última la docencia.

Estas contradicciones las ha cometido el CECTE, supuestamente “autónomo”, que aunque creado por el Directorio del CONICET (Resolución D N° 1806/04, y su Reglamento, Resolución D N° 613 del 2-5-05), en 2004, bajo el Ministerio de Filmus, ha pasado ahora a la jurisdicción del Ministerio de Ciencia y Técnica; coordinado por Otilia Vainstok e integrado por miembros beneficiados por los subsidios de la Agencia (Stella M. González Cappa, Alberto R. Kornblihtt, Armando Parodi y Otilia Vainstok) y también aparentemente por miembros no beneficiados (Roberto Fernánez Prini, Samuel Finkielman, Noé Jitrik, Ernesto E. Maqueda, Fernando O. Ulloa y Aída Kemelmajer de Carlucci). Dichas contradicciones se manifestaron en un Documento titulado Conflicto de interés en comunidades científicas pequeñas, fechado el día 5 de noviembre de 2007 http://www.cecte.gov.ar/pdf/14, emitido “…a pedido de Investigadores individuales”, pero también a solicitud del entonces Presidente de la Agencia Dr. Lino Barañao, la que fue formulada el 9 de abril de 2007 ante el Plenario del CECTE, y que exculpa a los Coordinadores de la Agencia de toda incorrección. Se ignora aún si esta exculpación alcanza también por analogía a los Directoriales del CONICET y la CONEAU, y a los miembros de las Comisiones Asesoras del CONICET, que también percibieron subsidios de la Agencia. No obstante la relevancia simbólica del evento burocrático citado, el Documento resultante es imposible de hallar en el menú del portal electrónico del CECTE.

1.4.- Responsabilidades de los Ministros del Área (Barañao y Filmus)

Pese a los compromisos de su pasado como Presidente de la Agencia (bajo el Ministro Filmus), contraídos ante el Plenario del CECTE, el actual Ministro Dr. Lino Barañao debe tomar cartas en estas omisiones, tergiversaciones, violaciones y discriminaciones; debe auditar la gestión de los organismos bajo su órbita; y debe decretar la nulidad de todo aquello que atente contra las Leyes de Actos Discriminatorios y de Ética de la Función Pública, incluido el citado Documento del CECTE, elaborado a su propio pedido.

La inactividad, indiferencia o negligencia del Ministro de Ciencia y Técnica en estas esferas legales, puede muy bien constituir delito, y ser fruto de una conspiración para discrecionalizar los fondos públicos y los recursos humanos en provecho de una camarilla facciosa que habría alcanzado también al Ministerio de Educación, específicamente a organismos tales como la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) y la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), cuyos directivos también fueron beneficiarios por la Agencia.

1.5.- Principios Universales Absolutamente Ignorados

Los principios de legalidad, publicidad, igualdad, control y responsabilidad han sido absolutamente ignorados, la ética legal ha sido abdicada y burlada, y las incompatibilidades o conflictos de interés han sido producidos deliberadamente en todos los casos que fueron oportunamente denunciados ante los organismos fiscalizadores (Defensoría del Pueblo de la Nación, Fiscalía General de Investigaciones Administrativos, Oficina Anti-Corrupción, Auditoria General de la Nación), y que hasta hoy han sido extrañamente ignorados.

1.6.- No Transparencia y Simulaciones Fraudulentas en los Portales Electrónicos Públicos

La falta de transparencia vigente hasta el día de la fecha en las pantallas electrónicas de estos organismos fue montada con el avieso objetivo de impedir a los Investigadores, Docentes-Investigadores y Becarios el conocimiento de las Leyes Nacionales de Actos Discriminatorios N° 23.592 y de Ética de la Función Pública Nº 25.188, y como en El Castillo de Kafka obstruirle a los mismos la comprensión del nexo inmediato que dichas Leyes tienen con sus derechos y obligaciones (volviéndolos así una suerte de súbditos o extranjeros).

Para ese objetivo desinformador, la Agencia, en la sección electrónica titulada Biblioteca de Documentos; el CONICET y la CONEAU, en sus secciones tituladas Normativa, y la SPU en su sección titulada Legislación, ocultaron la exhibición de dichas Leyes. Eso sí, socarronamente la CONEAU incluye en su normativa la Recopilación de las Leyes de Indias. Y el CECTE ocultó en el menú de su propio portal la publicidad de Documentos críticos donde se auto-incrimina http://www.cecte.gov.ar/pdf/14. También la Agencia ocultó los listados de los beneficiarios de subsidios de la década entre 1996, año de su fundación, y el 2007. Y también practicó una simulación fraudulenta al distorsionar la cifra de los beneficiados con subsidios, utilizando una estadística grosera que no pondera sus propias cifras, cuando en su documento titulado estadísticas fonCyT http://www.agencia.gov.ar/spip.php?article36 declaró la cantidad de dos mil (2.000) proyectos (y supuestamente igual cantidad de beneficiarios) para el período 2000-2004, de un total de 288 millones de pesos, a un promedio de 5.000 c/u, con el solapado afán de simular una supuesta equidad distributiva.

1.7.- Monopolización de los Recursos Oficiales por parte de los Directivos de CyT

Para desmentir esa falsa afirmación del portal electrónico de la Agencia, hemos descubierto que en el CONICET siete (7) miembros de sus Comisiones Asesoras (Targovnik, Murer, Uchitel, Previtali, Hoyos de Rossi, Colombo y Ugalde), recibieron de la Agencia la suma de .846.105, a un promedio de 6.586 c/u, mientras el total de funcionarios miembros beneficiados alcanzaba el numero de sesenta (60); que en la propia Agencia, ocho (8) Coordinadores (Coira, Cánepa, Rubiolo, Cabada, Cazzulo, Arzt, Poderoso, y Corti), se asignaron .662.000 a un promedio de 7.750 c/u, mientras el total de Coordinadores beneficiados alcanzaba el medio centenar; y que en la CONEAU, dos miembros de su Directorio se asignaron 5.354, a un promedio de 8.000.
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En total, entre ambos organismos, quince (17) funcionarios se apoderaron de .683.459, a un promedio de 0.000 c/u, y otro centenar de ellos cifras algo menores pero siempre de seis (6) dígitos. La totalidad del presupuesto repartido en el cuatrienio 2000-2004 fue según cifras divulgadas por el portal de la Agencia de 288 millones, de los cuales, según nuestros cálculos, unos 27 millones, o el 20% del total, se lo llevaron para sí mismos en forma individual más de un centenar de autoridades de dichos organismos. Dada la escasez de la información a la que he tenido acceso presumo que dicho porcentaje debe ser mucho mayor.

1.8.- Complicidad del Mandarinato con la Violación de la Ética.

La complicidad de los funcionarios beneficiados con la distribución mafiosa de los subsidios, incluidas las autoridades del CECTE (que aunque ente autónomo creado por el CONICET está bajo la jurisdicción (sede, logística y financiación) del Ministerio de Ciencia y Técnica; con la violación del art.1º de la Ley de Actos Discriminatorios y el art.13º de la Ley de Ética de la Función Pública; y con el desentenderse de las incompatibilidades o conflicto de intereses, ha sido inequívoca, y el daño inferido a la comunidad científica argentina ha sido abrumador, tanto que amerita la inmediata intervención del Instituto Nacional Contra la Discriminación (INADI).

1.9.- Represalias a los Investigadores, víctimizados por oponerse al Plan Mafioso

La motivación de las persecuciones y represalias de las que han sido víctimas quienes se opusieron a ello debería ser materia penal, por cuanto los mismos partícipes de las violaciones éticas (miembros del Directorio del CONICET) han sido también los que seleccionaron a los evaluadores que rechazaron los Informes Periódicos de quien viene denunciando públicamente aquellas violaciones (ver Red Mafiosa en el CONICET argentina.indymedia.org/news/2009/04/668439.php y Red Mafiosa en la Ciencia y la Universidad Argentina http://www.mitosyfraudes.org/Polit/Conicet.html). Y muchos de los propios integrantes de las Comisiones Asesoras que rechazaron los Informes del denunciante fueron o son aspirantes a los subsidios de la Agencia, y han sido además recusados ante la Presidencia del CONICET por violación al sistema de incompatibilidades o por integrarlos tácitamente o por ser sus beneficiarios. Si el CECTE admite el tratamiento de Documentos “…a pedido de Investigadores individuales”, sería interesante saber si admite también el tratamiento de acusaciones de persecución política de resultas de haber practicado severas denuncias.

2.- COMPROBACIÓN FÁCTICA del PROBLEMA

Para probar la inequidad distributiva de los subsidios de investigación repartidos, así como para demostrar la grave situación de incompatibilidad en que se encuentran las autoridades o funcionarios que recibieron subsidios de la Agencia, el Apéndice I detalla la nómina de los beneficiarios y su filiación administrativa, área de conocimiento, y el año y monto de los subsidios:

2.1- Apéndice I

A) Comité Nacional de Ética en Ciencia y Técnica (CECTE);
Stella M. González Cappa, Alberto R. Kornblihtt, Armando Parodi y Otilia Vainstok. La Dra. González Cappa lleva acumulados desde 1998 tres diferentes subsidios de seis dígitos cada uno

B) Comisiones Asesoras y Directorio del CONICET;
Fueron beneficiados con subsidios los miembros del Directorio del CONICET Noemí Girbal, Faustino Siñeriz y Carlos Rapela, a quienes el ANPCYT, en su Convocatoria-2002, les asignó individualmente la suma de 0.000 (Cabe aclarar que la Directora Girbal, actual Vicepresidenta del CONICET, fue también durante muchos años la Coordinadora de la Gran Área de Ciencias Sociales). También fueron beneficiados los miembros de la Comisión Asesora Interdisciplinaria Especial Ad-Hoc de la Gran Área de Ciencias Agrarias (Ricardo Farías recibió 0.000 en 2003, y Rodolfo Ugalde quien a su vez desempeñó el cargo de Coordinador de la Comisión de Veterinaria y fue Director del Consejo de Investigaciones Científicas [CIC] de la Provincia de Buenos Aires recibió 0.000 en 2003 y nuevamente 5.000 en 2004). Entre los integrantes del Comité Asesor del Núcleo Básico de Revistas Científicas les fue adjudicado a Dora Barrancos 8.000 en 2004, a Alejandro Rofman 5.000 en 2004, y a Marcelo Cavarozzi 4.000 en 2004. Entre los integrantes de la Comisión Ad-Hoc-Recursos correspondiente a las Ciencias Sociales le fue adjudicada a Ana María Lorandi en 2003 la suma de .969 y al funcionario de la Academia Nacional de la Historia Dr. Víctor Tau Anzoátegui .000 en 2000/2001 y nuevamente un total de .000 en 2003. Entre los integrantes de la Comisión Ad-Hoc de Materiales, Roberto Salvarezza recibió en 2002 la suma de 3.000.

Entre los integrantes de la Comisión Asesora de Ciencias Médicas, los que recibieron subsidios en el año 2000/2001 fueron Aldo Mottino con la suma de 5.000; Carlos José Pirola con la suma de 0.000; Oscar Bottasso con un total de .000; y Héctor Targovink con el monto de 5.000; en el año 2002 fueron Patricia Elizalde con la suma de 0.000; Ana María Franchi con la suma de 0.000, y Alicia Belgorosky con la suma de 0.000; en el año 2003, Hugo Daniel Luján recibió la suma de 0.000, y Osvaldo Uchitel la suma de 0.000; en el año 2004 los que recibieron fueron Rodolfo Campos la suma de 9.000; Jorge Geffner la suma de 4.000; María Ángela Lazzari la suma de 0.000; Alicia Mattiazzi la suma de 1.000; Héctor Targovnik volvió a recibir otro monto de 2.000, totalizando con ambos subsidios la suma de 7.000; y Mario G. Murer la suma de 5.000. En este último caso, habría que aclarar que el Dr. Murer había ya recibido en el año 2002 la suma de 0.334, totalizando con ambos subsidios la suma de 5.334. Y en el año 2005, los que recibieron fueron Claudia Capurro una suma de 9.000; Osvaldo Podhajcer un monto de 8.000; y otra vez Osvaldo Uchitel, en esta oportunidad con la suma de 4.000, totalizando con ambos subsidios la suma de 4.000.

Entre los integrantes de la Comisión de Biología Alfredo Juan Castro Vázquez recibió en 2002 la suma de 7.000; y en el año 2005 Miguel Angel Sosa Escudero habría recibido una suma indefinida bajo el código 33.383; y Marta Dolores Mudry un monto desconocido bajo el código 38.001.

Entre los miembros de la Comisión de Química, en el año 2000/2001 María Rita Micaela Hoyos de Rossi recibió un total de 0.000; Manuel López Teijelo la suma de .000; y Carlos Previtali un total de 5.000; en el año 2002 el Coordinador Gerardo Burton recibió la suma de 2.000; en el año 2004 los que recibieron fueron Edgardo Durantini la suma de 3.000; Luis Dante Martínez el monto de 0.000; y José Carmelo Pedregosa la suma de 7.000. Y en el año 2005, Carlos M. Previtali volvió a recibir 7.000, totalizando con ambos subsidios la suma de 2.000 y María Hoyos de Rossi 0.000, totalizando con ambos subsidios la suma de 0.000. Entre los integrantes de la Comisión de Bioquímica, en el año 2004, la Coordinadora Beatriz Caputto recibió la suma de 0.000; José Luis Bocco recibió 9.000; Horacio Garda recibió la suma de 0.000; Fernando Goldbaum el monto de 0.000; y María Isabel Colombo recibió la suma de 6.000. En este último caso, habría que aclarar que la Dra. Colombo había ya recibido en el año 2002 un monto de 6.771, totalizando con ambos subsidios la suma de 2.771.

Entre los miembros de la Comisión de Matemáticas y Computación Juan Santos recibió en 2002 la suma de 5.000; y Graciela Boente Boente recibió en 2004 la suma de 7.000. Entre los miembros de la Comisión de Física, Ricardo Piegaia recibió en 2002 la suma de 1.249; y en el 2005 habrían recibido Jorge Fernández Niello una suma indefinida bajo el código 32.757; y Patricia Levstein otro monto de 9.000. Entre los integrantes de la Comisión de Astronomía, su Coordinador Pablo J. Mauas recibió en 2005 una suma de 9.000. Entre los integrantes de la Comisión de Ciencias Exactas y Naturales Gerardo Perillo quien desempeña a su vez el cargo de Coordinador de la Comisión de Ciencias de la Tierra, recibió en 2004 la suma de 2.000.

Entre los miembros de la Comisión de Ciencias Agrarias, en el año 2002 Roberto Lecuona recibió la suma de 5.000; y en el año 2003 Sofía Chulze recibió un total de 0.000. Entre los integrantes de la Comisión de Veterinaria, en 2000/2001 Osvaldo Rossetti recibió la suma de .000; y en 2002 Enrique Portianski recibió un total de 7.000. Entre los miembros de la Comisión de Ciencias de la Tierra, el Agua y la Atmósfera, en 2000/2001 Analía Artabe recibió .000; Sergio Matheos la suma de .000; y Alejandro Tosselli la suma de 0.000; en 2002 Carlos Cingolani recibió la suma de 8.167; en 2004 Susana Bischoff recibió un total de 0.000; y en el 2005 los que habrían recibido fueron nuevamente Analía Artabe una suma bajo el código 32.323; y Alicia Ronco un monto bajo el código 38.350.

Entre los integrantes de la Comisión Asesora de Ingeniería Civil, Mecánica y Eléctrica, el Ing. Guillermo Kaufman habría recibido en 2005 una suma bajo el código 38.168. Entre los miembros de la Comisión Asesora de Ingeniería y Procesos Industriales y Biotecnológicos en 2000/2001 José Bandoni recibió la suma de 0.000.

Entre los integrantes de la Comisión de Ciencias Humanas, María Isabel Santa Cruz recibió en 2005 la suma de 2.000. Entre los miembros de la Comisión de Arquitectura en 2000/2001 Beatriz Cuenya recibió la suma de .000. Y entre los integrantes de la Comisión de Historia y Antropología en 2000/2001 Cristina Bellelli recibió la suma de .000.

C) Coordinadores y co-Coordinadores de Área del ANPCYT
En la Agencia Nacional para la Promoción Científico-Tecnológica (ANPCYT), dependiente de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación (SECYT), presidida entonces por el Dr. Lino Barañao, los integrantes del Directorio eran propuestos por la SECyT, y los Coordinadores de Área por el propio Directorio a propuesta del FONCYT. En ese sentido, los Coordinadores de Área Jorge Jorrat, Marcelo Cabada, Eduardo Arzt, y Jaime Cerda, habrían aprovechado la feliz circunstancia para adjudicarse a sí mismos respectivos subsidios.

En efecto, en la Convocatoria-2002, en una sospechosa operación les fue adjudicada igual suma a los que al año siguiente fueron los Coordinadores de las Áreas de Tecnología Informática Dr. Marcelo Frías, de Tecnología de Alimentos María Cristina Añón, y de Economía y Derecho Dr. Luis Beccaria. En la Convocatoria-2003, el Coordinador del Área de Ciencias Médicas Dr. Eduardo Arzt recibió la suma de 0.000; el Coordinador del Área de Ciencias Biológicas Dr. Marcelo Cabada recibió la suma de 0.000, y el Coordinador del Área de Tecnología Química Dr. Jaime Cerda también la suma de 0.000. Y en la Convocatoria-2004, el Coordinador del Área de Ciencias Humanas y Sociales Dr. Jorge Jorrat recibió la suma de 9.000.

A los Coordinadores de Área, que han sido denunciados al comienzo de este escrito, debemos agregar los Coordinadores siguientes:

1) En la Convocatoria-2000/2001 les fue adjudicado diferentes subsidios por diferentes montos a los Coordinadores de Área Eduardo Cánepa, Juan José Cazzulo, Marcelo Cabada, Rodolfo Sánchez, Damián Ravetta, Gustavo Corach, Juan Pablo Paz, Juan José Poderoso, Alcira Batlle, Beatriz Coira, Walter Helbling, Ana María Parma, Alberto Escande, Amelia Rubiolo, Alberto Vargas, Francisco Felipe Garcés, y el actual Presidente de la Agencia Lino Barañao.

2) En la Convocatoria-2002 les fue adjudicado subsidios por diferentes montos a los Coordinadores de Área Gustavo Politis, Luis Alberto Beaugé, Roberto Salvarezza, Ricardo Astini, Beatriz Coira, Hermenegildo Ceccatto, Carlos Gigolo, Luis Mroginski, Maria Cristina Anón, Luis Beccaria y Marcelo Frías.

3) En la Convocatoria-2003 les fue adjudicado subsidios por diferentes montos a los Coordinadores de Área Carlos A. Balseiro, Juan José Cazzulo, Horacio Corti, Roberto Rossi, Carlos Lanusse, Isidoro Schalamuk, y Ricardo Carelli

4) En la Convocatoria-2004 les fue adjudicado subsidios por diferentes montos a los Coordinadores de Área Eduardo Cánepa, Mirta Quattrochio, Juan Pablo Paz, Rodolfo Sánchez, Damián Zanetti, Juan Jose Poderoso, Amelia Rubiolo y Verónica Bucala.

5) En la Convocatoria-2005 les habría sido adjudicado subsidios por diferentes montos a los Coordinadores de Área Marcelo Cabada, Juan José Cazzulo, Eduardo Arzt, Alcira Batlle, Juan José Poderoso, Horacio Corti, Alberto Vargas, Luis Gugliotta, y Ana María Antón.

Con más detalle (en áreas, montos y fechas), en la Convocatoria-2000/2001, le fue adjudicada a los Coordinadores del Área de Ciencias Biológicas Eduardo Cánepa 0.000; Juan José Cazzulo 0.000; y Marcelo Cabada .000; a los de Tecnología Agraria Rodolfo Sánchez .000 y Damián Ravetta 0.000 (este último colaborador del Ing. Víctor Kopp, Director del Área Técnica de Gestión de Subsidios); a los de Ciencias Físico-Matemáticas Gustavo Corach 5.000 y Juan Pablo Paz .000; al de Ciencias Médicas Juan José Poderoso 5.000; a la de Ciencias Químicas Alcira Batlle 0.000; al de Ciencias de la Tierra Beatriz Coira 0.000; al de Ciencias Biológicas de Organismos Walter Helbling 0.000; al de Tecnología Pecuaria Ana María Parma 0.000; al de Tecnología Agraria Alberto Escande 5.000; al de Tecnología de Alimentos Amelia Rubiolo 0.000; y a los de Tecnología Energética Alberto Vargas .000 y Francisco Felipe Garcés .000. En esta última Convocatoria 2000/2001 le fue adjudicada al Prof. Lino Barañao la suma de 0.000; al ex Presidente del CONICET y actual Director General del FONCYT Armando Bertranou .000; al Decano Alberto Boveris 0.000 y 0.000 en 2005; y al Decano Héctor Trinchero 0.000.

En la Convocatoria-2002, le fue adjudicada al Coordinador de Ciencias Humanas Gustavo Politis 0.000; al de Ciencias Médicas Luis Alberto Beaugé 0.000; al de Ciencias Químicas Roberto Salvarezza 3.000; a los de Ciencias de la Tierra Ricardo Astini 0.000 y Beatriz Coira nuevamente 4.000, totalizando con ambos subsidios la suma de 4.000; al de Ciencias Físico-Matemáticas Hermenegildo Ceccatto 0.000; al de Tecnología Química Carlos Gigoló .000; al de Tecnología Agraria Luis Mroginski 3.000; a la de Tecnología de Alimentos María Cristina Anón 9.000; al de Economía y Derecho Luis Beccaria 1.000; y al de Tecnología Informática Marcelo Frías 6.000.

En la Convocatoria-2003, le fue adjudicado al Coordinador del Área de Ciencias Matemáticas Carlos A. Balseiro 0.000; al de Ciencias Biológicas Juan José Cazzulo 0.000; a los de Ciencias Químicas Horacio Corti 9.000 y Roberto Rossi 0.000; a los de Ciencias de la Tierra Gerardo Perillo y Cintia Piccolo, marido y mujer, la suma de 0.000; al de Tecnología Pecuaria Carlos Lanusse 0.000; al de Tecnología Energética Isidoro Schalamuk 6.000; y al de Tecnología Informática Ricardo Carelli 6.000. A propósito, el Coordinador Roberto Rossi, aquí mencionado, sería el mismo que figura en La Nación del viernes 1º de diciembre como habiendo recibido el Premio Sadoski-Bernardo Houssay.

En la Convocatoria-2004, le fue adjudicado al Coordinador del Área de Ciencias Biológicas Dr. Eduardo Cánepa nuevamente un subsidio por 0.000, totalizando con ambos subsidios la suma de 0.000; al de Ciencia de la Tierra Mirta Quattrochio 3.000; a los de Ciencias Físico-Matemáticas Juan Pablo Paz 1.000, Rodolfo Sánchez 0.000; y Damián Zanetti 2.000; al de Ciencias Médicas Juan José Poderoso nuevamente 9.000; al de Ciencia de la Tierra Rodolfo Sánchez nuevamente .802, totalizando con ambos subsidios la suma de 2.802; al de Tecnología de Alimentos Amelia Rubiolo nuevamente 0.000, totalizando con ambos subsidios la suma de 0.000; y al de Tecnología Química Verónica Bucala 8.000.

En la Convocatoria-2005 registra su aparición el ex Secretario de Ciencia y Técnica del Menemismo Juan Carlos del Bello con la suma de 8.000, y la Secretaria de Educación de la Provincia de Buenos Aires Adriana Puiggrós con un monto de 4.000. También registra un subsidio el recientemente ascendido a la máxima categoría de Investigador Superior del CONICET y dirigente del Grupo de Gestión de Políticas de Estado en CyT Martín Isturiz con una suma de 9.000

En dicha Convocatoria-2005, les habría sido adjudicado a los Coordinadores del Área de Ciencias Biológicas Marcelo Cabada nuevamente la suma de 0.000, totalizando con ambos subsidios la suma de 0.000; y a Juan José Cazzulo nuevamente un monto de 9.000, totalizando con ambos subsidios la suma de 9.000; a los de Ciencias Médicas Eduardo Arzt nuevamente 0.000, totalizando con ambos subsidios la suma de 0.000, y Juan José Poderoso por tercera vez 7.000, totalizando en las tres oportunidades la suma de 1.000 y a Alcira Batlle nuevamente una cifra indeterminada bajo el código 32.642; al de Ciencias Químicas Horacio Corti nuevamente un monto de 9.000, totalizando con ambos subsidios la suma de 8.000; al de Tecnología Energética Alberto Vargas nuevamente una cifra indeterminada bajo el código 32.438; al de Tecnología Química Luis Gugliotta una cifra indeterminada bajo el código 38.158; y al de Ciencias Biológicas de Organismos Ana María Antón un monto indefinido bajo el código 34.901.

Eduardo R. Saguier
Museo Roca-CONICET
http://www.er-saguier.org
http://www.nationstatecrisis.org


Hallazgo del Documento del CECTE
Por Eduardo R. Saguier

El Documento del CECTE, titulado Conflicto de interés en comunidades científicas pequeñas, http://www.cecte.gov.ar/pdf/14 , fechado el día 5 de noviembre de 2007, que el Ministro de Ciencia y Técnica Dr. Lino Barañao debe anular por violatorio de los artículos 1º y 13º de la Ley Nacional de Ética de la Función Pública, se halla archivado en la sección Recomendaciones e Informes del Portal electrónico del CECTE.

Eduardo R. Saguier


El Rey esta Desnudo
Por Jorge Roze-UNNE
jorgeroze@gigared.com


Si bien cuesta coincidir con las denuncias de Saguier cuyos disparos en muchos casos puede ir en sentido equivocado, golpear inocentes, partir de equívocos, confundir, etc., debemos asumir que sencillamente nos está diciendo que no se puede en ninguna circunstancia ser juez y parte de lo que se decide. No es tan dificil. Por otra parte, pensar que el sistema es impoluto, que somos juzgado desde la imparcialidad o que en las evaluaciones -ya sean subsidios, aprobación de informes y/o promoción- se aplican las reglas de quehacer científico, perdon amigos, eso es ser inocentes o estúpidos. Se han preguntado por que ascienden mas rápido los discípulos, compañeros de laboratorio o centros, aquellos que comparten similares marcos conceptuales, chupamedias, etc. que los investigadores menos institucionalizados, sin padrinos, de universidades e institutos fuera del ruido metropolitano?. ¿Sabe el colega Guerri del juicio aun abierto de Inez Izaguirre contra toda la cúpula académica del CONICET por discriminación en la elección del marco teórico?, descansando en algún cajón burocrático de la justicia. ¿ Acaso alguno de Uds. fue despachado en una evaluación porque incursionó en temas diferentes? ¿o porque el evaluador, textualmente pone “No parece razonable hablar de ... y sin mas desechó una investigación con años de trabajo empírico, elaboración, discusión en eventos académicos, etc.? ¿Sabe como se cierra la corporación académica cuando se requieren revisión de esos exabruptos?

Disculpen colegas, pero el sistema científico no es una corporación de hombre justos. El calorcito del laboratorio, la cátedra, el centro, el instituto protege bastante del frio de la realidad de los manejos corporativos de los que Saguier hace que se cole por una rendija.

Con Saguier o sin Saguier, el rey está desnudo.

Jorge Roze UNNE



11
De: Eduardo R. Saguier Fecha: 2010-03-03 11:58

ENTREVISTA RADIAL

Identificación del Problema a Resolver
Corrupción del Sistema Científico Nacional

I.- Socio Gerencial, Gran Corralón o Engranaje Tentacular (Castillo de Kafka)

II.- Socio Capitalista que presta U$S (BID)
U$S 1.000 millones en trece años (1997-2010)

III.- Malversación del Empréstito del BID. Omisión de Bibliotecas, Laboratorios, Editoriales, Centros de Cómputos, etc. destinándolo todo a beneficiarios ad hominem

IV.- Asociación Ilícita de Funcionarios o Socios Sectoriales

V.- Socios Sectoriales o Comisarios Políticos
Triangulación de Reciprocidades (SPU-CONICET-AGENCIA-CONEAU-Secretarias de CyT, Decanos y Consejeros Directivos de las Universidades)
SPU otorga las categorizaciones de los incentivos a 30.000 docentes-investigadores, de los cuales 20.000 cobran además dedicación exclusiva en las universidades
CONICET aprueba o rechaza Informes y promueve o congela ascensos a 6.000 Investigadores y 7.000 becarios
AGENCIA aprueba o rechaza proyectos de subsidios a 1.000 Investigadores incentivados y de dedicación exclusiva, de los cuales 250 son funcionarios
CONEAU acredita programas de maestría y doctorado
Secretarias de CyT controlan la gestión de los subsidiados

VI.- Socios Subalternos
Pacto Mafioso entre Funcionarios e Investigadores Subsidiados

VII.- Mafia Denunciada hace cuatro (4) años, en enero de 2006
en Red Voltaire, CMAQ, Indymedia, Cambio Cultural, Correo de la Diáspora, Ciudad Política, La Fogata, Mondo Politico, Megafón, Infoamérica, h-debate, etc.).

VIII.- Socios Necesarios del Silencio-Denuncia Ignorada-Ningún Pedido de Informes
Periodistas (Aliverti, Bär, Caparrós, Castro, Eliaschev, Fraga, Grondona, Leuco, Lotuff, Majul, Morales Solá, Pagni, Ruiz Guiñazú, Sietecase, Tenenbaum, etc.)
Políticos (Senador E. Morales-Asesor Dr. Leocadio Vilamajo (UCR)
Senador Cabanchik-Lic. Ignacio Llovet (CC)
Diputado Christian Gribaudo (PRO),
Fco de Narváez (PRO)
M. Stolbizer (GEN)
Inmovilidad Indagadora de Institutos de Políticos y Legisladores
Instituto Hannah Arendt (Maffia, Gil Lozano)
Club Político Argentino (Romero, Cavarozzi)
Jueces: Juez Federal Subrogante Martínez de Georgi
Indagatoria a los Directorios y al Ministro de CyT (Barañao)
Oficios a librar al Registro de la Propiedad Inmueble
Intervención Judicial-Licenciarlos de sus cargos hasta tanto se esclarezca, pues obstaculizarían la investigación
Fiscales: Mondino, Garrido, y Fleitas Ortiz de Rosas

IX.- Víctimas o Resultado del Corralón
Miedo generalizado y justificado
Represaliados (Listas Negras, Mandatos Ocultos, Jubilaciones de oficio)
Vaciamiento de la Comunidad Científica y Universitaria
Lista de Espera para Ingresar a la Corrupción
Fuga de Cerebros



12
De: Eduardo R. Saguier Fecha: 2010-09-02 05:59

Summary of text addressed to President Cristina Kirchner

CONICET Researcher, Eduardo R. Saguier requests President Kirchner to perform a comprehensive investigation by means of a summary proceeding in order to cast light on facts that may be crimes of traffic of influence and fraudulent management among officers of the Ministry of Science and Technology. The co-option and recruitment system built by triangulation of reciprocities among public servants belonging to agencies under the scope of said Ministry as well as the Ministry of Education, resulted in the existence of an academic nomen(k)lature in the scientific field (which shared, in thirteen years, USD 1.240 billion from the IDB) and in the practice of discretional evaluations and promotions of researchers where they have not had any institutional intermediation for protection purposes.

This results in a mesh of bureaucratically related interests which impacts on the entire Argentine science and higher education management system, and which, consequently, has an unusual institutional severity, the main victim of which has been and still is the public good, the scientific community and its members' creativity and freedoms. The infringements with the law of public ethics added to the violations of the natural judge's fundamental rights, the due process of law and the right to defense, in addition to the arbitration seen at the CONICET of any evaluation procedure are good grounds to qualify the institutional seriousness of the case as it has corrupted the knowledge apparatus and turned it into managed science, deprived of the needed creative momentum, and because what is so much vital has jeopardized the entire system and the design of the fundamental rights set forth in our National Constitution.


Resumen del texto dirigido a la Presidenta Kirchner

El Investigador del CONICET Eduardo R. Saguier solicitó a la Presidenta Kirchner una investigación exhaustiva por medio de un sumario, para el esclarecimiento de hechos que pueden constituir los delitos de tráfico de influencias y administración fraudulenta entre funcionarios del Ministerio de Ciencia y Técnica. El régimen de cooptación y reclutamiento construido mediante la triangulación de reciprocidades entre funcionarios públicos pertenecientes a organismos que operan bajo la jurisdicción de dicho Ministerio, así como con el Ministerio de Educación, derivó en el ámbito científico en la existencia de una nomenklatura académica patrimonialista (que se repartió en trece años U$S 1240 millones de dólares del BID) y en la práctica de discrecionales evaluaciones y promociones de los investigadores, sin que los mismos hayan podido contar con intermediación institucional que los ampare.

Tenemos así una trama de intereses burocráticamente asociados que afecta a la totalidad del sistema de administración de la ciencia y de la educación superior argentina, y que por tanto reviste una gravedad institucional inusitada, cuya principal víctima ha sido y sigue siendo el bien público, la comunidad científica, la creatividad y las libertades de sus integrantes. La combinación de violaciones a la ley de ética pública y violaciones a los derechos fundamentales del juez natural, el debido proceso y el derecho de defensa más la arbitrariedad ostensible en el CONICET de todo el procedimiento evaluador justifica que el hecho se califique como de gravedad institucional, porque ha corrompido al aparato del conocimiento convirtiéndolo en una ciencia administrada, privada del necesario ímpetu creativo, y porque lo que es tanto más vital ha puesto en peligro todo el sistema y el diseño de los derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución Nacional.


Buenos Aires, jueves 26 de agosto de 2010

Exma. Sra. Presidenta de la República
Dra. Cristina Fernández de Kirchner

S/D: Formación Sumario y Gravedad Institucional.

De mi consideración:

Eduardo R. Saguier, Investigador de Carrera del CONICET, DNI 4394928, patrocinado por el Dr. Jorge E. Marenco, se dirige a la Sra. Presidente Dra. Cristina Fernández de Kirchner a fin de peticionarle disponga de una investigación exhaustiva por medio del sumario correspondiente, para el esclarecimiento de hechos que pueden constituir los delitos de tráfico de influencias acontecidos entre funcionarios de organismos subalternos del Ministerio de Ciencia y Técnica (ANPCYT y CONICET), cuyos agentes habrían operado como autores materiales e intelectuales de la descalificación y rechazo de mis Informes Reglamentarios 2002-2003 y 2004-2005 (exp.2209/06), confirmados por el Sr. Ministro de Ciencia y Técnica Dr. José Lino Barañao, y de no tratarse de delitos, claramente se han enfrentado normas morales y de ética pública al coincidir en los mismos funcionarios la calidad de juez y parte.

Esta suerte de persecución obedeció a que: a) en 2002, el suscripto criticó públicamente por escrito las autorizaciones del Directorio del CONICET para otorgar a los Investigadores asesorías y/o consultorías y las ratificó en un sumario confeccionado al respecto, e hizo suyas las expresiones públicas del ex Presidente del CONICET Enrico Stefani (Exp. CONICET No.003361/02);
b) en diciembre de 2005 denunció ante los organismos fiscalizadores (Defensoría del Pueblo, Oficina Anti-Corrupción, Fiscalía General de Investigaciones Administrativas y Auditoria General de la Nación) a las autoridades de dicha Agencia Nacional para la Promoción Científico-Tecnológica (ANPCYT); y c) en mayo de 2009 querelló a las mismas autoridades ante el Juzgado Federal Penal No.8 a cargo del Dr. Marcelo Martínez de Georgi por diversos hechos que pueden constituir delito entre los cuales el de tráfico de influencias, administración fraudulenta y prevaricato, al haberse asignado a sí mismos los subsidios de la propia Agencia, conceder subsidios de investigación a autoridades de organismos públicos (CONICET), que operan unos bajo la jurisdicción del mismo Ministerio al que ellos pertenecen (Ciencia y Técnica), y otros bajo un Ministerio afín (Cultura y Educación), y expedirse como evaluadores cuando debieron abstenerse. La persecución provocada por estas denuncias habría culminó con la Resolución 493/10 del 26 de julio de 2010, firmada por el Ministro de CyT Dr. Barañao, por la cual se rechaza el recurso de alzada por mi interpuesto y se ratifica lo actuado por la Comisión Asesora de Historia, Antropología y Geografía en la reunión de fecha 8 de mayo de 2009.

Un fenómeno similar al de la Agencia se habría dado entonces entre las propias autoridades y directores del CONICET que evaluaron mis Informes, pues entre las mismas estarían las que fueron elegidas por el Directorio afín de lograr una mayoría sistemática influyendo y direccionando los resultados de las evaluaciones, para ser gratificados o premiados una vez cumplido lo que se esperaba de ellos (con subsidios, ascensos, autorizaciones de asesorías, viáticos, etc.). Las autoridades y directores beneficiadas por dichos subsidios que dependieron del Ministerio de CyT han sido tres (3) miembros del Directorio del CONICET (Siñeriz, Rapela, Girbal), medio centenar de miembros de sus Comisiones Asesoras, y medio centenar de Coordinadores y co-coordinadores de la Agencia o ANPCYT; y las que dependieron del Ministerio de Educación han sido las del Directorio de la CONEAU (Villanueva, Krotsch). De los miembros evaluadores de la Comisión de Historia y Antropología que han juzgado negativamente mis Informes, treinta y dos (32) recibieron antes y después de las evaluaciones diferentes subsidios procedentes de la Agencia y del propio CONICET, lo que confirmaría la hipótesis acerca de la naturaleza venal de quienes me evaluaron (ver nómina de los Asesores subsidiados por la Agencia en Anexo-I).

Amén de la elevada proporción de evaluadores subsidiados por la Agencia presentes en la Comisión Asesora que rechazó mis dos (2) Informes bianuales consecutivos, causa estupor el detalle de las disciplinas científicas de quienes me evaluaron a lo largo de las cuatro sucesivas composiciones de dicha Comisión, la mayoría ajenas a la que me corresponde: la Historia (ver nómina de la Comisión agrupada por disciplinas científicas en Anexo-II).
Más específicamente, y desde la mencionada Agencia, organismo presidido en ese entonces por el actual Ministro de Ciencia y Técnica Dr. Jose Lino Barañao, se registraron --con anterioridad a los dictámenes negativos y también una vez producidos los mismos-- numerosos subsidios de investigación en beneficio de sus propias autoridades (Coordinadores y
co-coordinadores) y de las del CONICET (ver detalle en Anexo-III). En concreto, he sido evaluado por retribuyentes y/o prometidos de subsidios.

Todas las pruebas ilustradas y alegadas en los tres (3) Anexos, con los respectivos apellidos, disciplinas, organismos, montos de dinero y códigos de expedientes, que deben ser administrativa y judicialmente compulsadas y comprobadas, suponen gravedad institucional, por concurrir en el mismo cuatro figuras determinantes: 1) una presunta y continua complicidad; 2) una decidida connivencia de varias personas; 3) un manifiesto abuso de la posición gubernamental; y 4) una completa indiferencia respecto de los deberes morales impuestos por la ley de ética pública.

Es evidente que en el cúmulo de miembros de la Comisión de Historia, Antropología y Geografía, donde una gran parte carece de competencia específica en el área de Historia, estos últimos deberían haber tenido la ineludible obligación de excusarse al carecer del atributo esencial que se requiere para la evaluación científica de un investigador perteneciente a una disciplina que no es la suya propia. El visto bueno a esta aberración viola el principio del juez natural ya que la mayoría de los jurados asignados han sido funcionarios profesionalmente incompetentes e ineptos para el desempeño específico de la función calificadora. Asimismo, esto viola el principio establecido en el artículo 18 de la Constitución Nacional y configura un abuso del derecho en los términos del artículo 1071 del Código Civil porque con una absoluta falta de respeto por la especialidad se formó un tribunal con miembros Asesores mayoritariamente ajenos a la disciplina de la historia (que es mi especialidad científica por la que debía ser evaluado). Más aún, se hizo todo esto sin respetar las reglas administrativas de la ley 19549 que impone a todo acto una motivación y causalidad efectiva que solo se cumple cuando el administrado ha podido recusar a quienes han sido elegidos como jurados, lo cual es una potestad inexcusable del derecho de defensa garantizado constitucionalmente. Asimismo, lo aquí denunciado constituye una manifiesta violación del debido proceso legal toda vez que es exigencia de la Constitución Nacional que todo trámite respete los presupuestos de actuación y procedimiento de la ley 19549 tanto en sede administrativa como judicial. En ese sentido la ley 19.549 es muy precisa y fulmina con la falta de motivación y causalidad todo lo que no se ajusta al debido proceso administrativo como ha ocurrido en este caso, amén del vicio sobre la finalidad de los actos dictados en relación al suscripto.

Si por otro lado, tal como se comunica más arriba, resulta que los funcionarios jurados que han intervenido en las evaluaciones de mis Informes estaban incursos en la causal material de recusación por tratarse de los mismos funcionarios que revistaban con prebendas bajo el título de subsidios en una repartición (Agencia) que había sido objeto específico de mis denuncias ante los organismos fiscalizadores y de una querella criminal ante el fuero penal federal, resulta que no solo se ha violado el debido proceso legal sino que también se ha atentado contra mi derecho de defensa, al omitirse el necesario desplazamiento de todos aquellos funcionarios jurados involucrados en la situación de hecho que ha sido objeto de dichas denuncias y querellas. Ese desplazamiento solo podía operarse por vía de recusación, derecho del que se me privó con arbitrariedad y mediante actos de nulidad manifiesta --como vengo denunciando--, y esto fulmina todo el proceso evaluador constituyendo además una causal de gravedad institucional porque lo enervado es mi derecho de defensa, o sea un derecho de rango constitucional. Todo esto indicaría entonces que los funcionarios responsables (CONICET) habrían actuado de manera ilegal, violatoria de mis derechos fundamentales y bajo una marcada presunción orientada a perjudicar sin preocuparse en lo más mínimo por la vulneración de mis prerrogativas.

El organismo que tiene el deber de neutralidad presenta, por el contrario, un comportamiento de cooptación y connivencia con los jurados involucrados en las evaluaciones de los Informes, resultando así estos últimos convertidos en gratificadores que hacen de sus pronunciamientos un servicio o delivery, a pedido de una indicación previa, o de un mandato oculto, para una evaluación que puede ser tanto a favor como en contra, pero que en mi caso personal fue negativa.

Esta arbitrariedad se torna más extendida si recordamos que el CONICET funciona con una veintena (20) de Comisiones Asesoras, que si bien hay renovación se advierte en ellas una permanente mayoría sistemática formada por subsidiados o prometidos de subsidios que luego los lograron. La veintena de Comisiones -CONICET- muy probablemente se encuentran contaminadas a una escala similar o mayor a la que traemos a colación en este preciso pedido de investigación y sumario. La falta de transparencia en la vida académica del máximo organismo de ciencia del país se corrobora también si tenemos en cuenta que actualmente lo preside la astrónoma Marta G. Rovira, la misma funcionaria que en íntima conexión con las autoridades penalmente imputadas viene de ejercer el cargo de Coordinadora en la Agencia o ANPCYT.

El régimen de cooptación y reclutamiento construido mediante la triangulación de reciprocidades entre funcionarios públicos pertenecientes a organismos que operan bajo la jurisdicción de un mismo Ministerio, así como entre Ministerios distintos, derivó en el ámbito científico en la nomenklatura académica patrimonialista que hoy rige y en la práctica de discrecionales evaluaciones y promociones de los investigadores de acuerdo a sus intereses y conveniencias personales, sin que los mismos hayan podido contar con intermediación institucional oportuna que los ampare. Esta triangulación viene también operando con los organismos subalternos del Ministerio de Cultura y Educación (CONEAU, Secretaría de Políticas Universitarias o SPU), pues la citada Agencia tiene potestades legales en la categorización de los docentes-investigadores de las Universidades Nacionales para el cobro de los llamados incentivos; e incluso con las Secretarías de CyT de las Universidades Nacionales, quienes tienen la responsabilidad de auditar las rendiciones de cuentas de sus subsidiados, auditorías que nadie conoce. Tenemos así una trama de intereses burocráticamente asociados que afecta a la totalidad del sistema de administración de la ciencia y de la educación superior argentina, y que por tanto reviste una gravedad institucional inusitada, cuya principal víctima ha sido y sigue siendo el bien público, la comunidad científica, la creatividad y las libertades de sus integrantes.

A esta altura, resulta claro que el Directorio del CONICET, al contar con una potestad omnímoda cercena y restringe los derechos y garantías al permitirle la Ley fundacional del organismo, el Decreto 1661/96 y la Ley 25.200 escoger de manera directa a los miembros de las Comisiones Asesoras y/o comisiones especiales y estos a su vez poder elegir a los peritos evaluadores de los Informes reglamentarios en un marco de confidencialidad o secreto de identidad, por el cual el evaluador es un comisionado con máscara y la defensa del Investigador –si así es posible denominar al trámite del art.41-- sólo es posible una vez que su trabajo fue rechazado.

De esto se sigue que el juzgamiento y evaluación de los Informes de los investigadores es realizado por los directores del CONICET o sus comisionados, elegidos en un marco de total arbitrariedad, que permite el transporte de mandatos clandestinos, segregativos o confirmativos, en abierta afectación de la justicia, la equidad y la excelencia, con graves perjuicios morales, patrimoniales y académicos. Es así que como recientemente lo señaló el Servicio Jurídico del CONICET en su dictamen de fs. 190/192 del exp.2209/06 --que el Ministro del área ha ocultado-- para resguardar las libertades académicas y de investigación pido se disponga la formación de un sumario administrativo.

La gravedad institucional y la falta de transparencia se vuelve mucho más elocuente si consignamos que se trata de un conjunto de funcionarios que han sido los beneficiarios del sistema que malversó a lo largo de trece años (1997-2010) la inconmensurable suma de U$S 1240 millones de dólares procedentes de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y de los cuales sólo U$S 40 millones de dólares fueron a parar al mejoramiento de la infraestructura científica (Programa para el Mejoramiento del Equipamiento, PME), y los U$S 1200 millones restantes a los proyectos personales de quienes ya se encuentran en la nómina salarial del aparato científico. Y para mayor escándalo, dicho conjunto de funcionarios y el Ministro Barañao dibujan las estadísticas en su portal electrónico para impostar imagen frente a la sociedad y los organismos de crédito (BID) y fabrican auto-amnistías de las acusaciones que se le formularon (ver dictamen del Comité Nacional de Ética en la Ciencia y la Tecnología o CECTE, 2007). Y todo esto no sería posible sin represaliar, acallar y perseguir al denunciante, descalificando su producción académica.

Semejante abuso del poder y del derecho, que la ley condena expresamente, configura un enorme y ostensible hecho de gravedad institucional al resultar enervados nada menos que los derechos contenidos en el artículo 18 de la Constitución Nacional. La combinación de violaciones a la ley de ética pública y violaciones a los derechos fundamentales del juez natural, el debido proceso y el derecho de defensa más la arbitrariedad ostensible de todo el procedimiento evaluador justifica que el hecho se califique como de gravedad institucional, porque ha corrompido al aparato del conocimiento convirtiéndolo en una ciencia administrada, privada del necesario ímpetu creativo, y porque lo que es tanto más vital ha puesto en peligro todo el sistema y el diseño de los derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución Nacional. Asimismo, el afán explícito de actuar de manera injusta viola el presupuesto primario con arreglo al cual se deben cumplir con los derechos fundamentales y que aparece como axioma básico impuesto al
estado: afianzar la justicia como bien lo sostiene el Preámbulo de nuestra Constitución.

Finalmente, de acuerdo a lo prescripto en la Ley de Ética Pública, y por la gravedad institucional, debe ordenarse también la investigación exhaustiva de los hechos aquí denunciados con la formación del consecuente sumario, debiendo además darse vista del expediente al Defensor del Pueblo y a los órganos de control del estado, los que deberán expedirse, previo dictamen respectivo obligatorio, por cuanto tienen responsabilidad primaria en el seguimiento del desempeño de los funcionarios del estado.

Sin otro particular, le saluda

Eduardo R. Saguier, Ph.D.
Investigador-CONICET
Museo Roca
Instituto de Teoría General del Derecho-UNNE Círculo de Estudios Tucididianos (CET) www.er-saguier.org Juan F. Segui 3955—2º Dpto E 1425--Capital


Anexo I

Integrantes de la Comisión de Historia y Antropología del CONICET que fueron subsidiados por la Agencia (2002-2009)

Los integrantes de la Comisión de Historia y Antropología del CONICET agrupados por los subsidiados de la Agencia, fue la siguiente: a) los miembros evaluadores que siendo subsidiados por la Agencia rechazaron mi Informe 2002/2003 fueron diez (10) Investigadores sobre un total de diecinueve (19), o más de la mitad de la Comisión, siendo los mismos:
Eduardo E. Berberian, Roberto Joaquín Bárcena, Cristina Bellelli, Daniel Campi, Francisco Carnese, Edgardo Cordeu, Ana Inés Ferreyra, Ariel Omar Guiance, Mónica Cira Salemme, y Alejandra Siffredi (Reunión del 6 de agosto de 2004, Leg.00913); b) los miembros evaluadores que siendo subsidiados por la Agencia ratificaron el rechazo de mi Informe 2002/2003 fueron catorce
(14) Investigadores sobre un total de diecinueve (19), o el 75% de la Comisión, siendo los mismos: Alejandra Siffredi, Ana María Presta, Cristina Bellelli, Daniel Campi, Edgardo Cordeu, Eduardo E. Berberian, Cristian Rainerio Buchrucker, Francisco Carnese, Sonia Edith Colantonio, Ariel Omar Guiance, Beatriz Solveira, Mabel Adriana Grimberg, Osvaldo Mendonca, y Mónica Cira Salemme (Reunión del 11 de agosto de 2005, Exp.No. 3987/04); c) en la Comisión que dictaminó negativamente mi Informe 2004/2005, los evaluadores que siendo subsidiados por la Agencia rechazaron dicho Informe fueron diez (10) Investigadores sobre un total de dieciocho (18) o más de la mitad de la Comisión, siendo los mismos: Guillermo Ángel Velázquez, Nidia Areces, Daniel Enzo Olivera, Marta Mercedes Maffia, Laura Lucia Miotti, Héctor Carlos Vázquez, Bibiana Leonor Vilá, María Isabel Hernández Llosas y Gustavo Adolfo Martínez; (Reunión de 6 y 9 de mayo de 2008, Exp.No.2209/06); y d) en la Comisión que decidió constituirse en mi árbitro evaluador para el tribunal requerido por el art.41 del Estatuto del CONICET, han actuado como evaluadores --sin haberse hasta el momento
excusado-- ocho (8) Investigadores subsidiados por la Agencia sobre un total de veintidós (22) o la tercera parte de la Comisión, siendo los
mismos: Ana Inés Ferreyra, Luis Alberto Borrero, Roberto Cittadini, Mónica Beatriz Lacarrieu, Cristina Ofelia Valenzuela y nuevamente los Investigadores G. A. Martínez, Maffia, y Miotti (Reunión de abril de 2009, Exp.2209/06).

Fuente: CONICET, Leg.00913; Exp.No. 3987/04; Exp.No.2209/06)


Anexo-II

Integrantes de la Comisión de Historia y Antropología del CONICET distribuidos por disciplinas científicas (2002-2009)

Los integrantes de la Comisión de Historia y Antropología del CONICET agrupada por disciplinas científicas, fueron los siguientes: a) en la Comisión que rechazó el Informe 2002-2003 estuvieron presentes sólo siete
(7) miembros titulares que fueron historiadores (Cristina Bellelli, Daniel Campi, Mabel N. Cernadas de Bulnes, Ana Inés Ferreyra, Ariel Omar Guiance, Daniel Macor y Silvia Ospital) sobre un total de diecinueve (19) (Reunión del 6 de agosto de 2004, Leg.00913); b) en la que desestimó mi pedido de reconsideración por el rechazo del Informe 2002-2003, sólo nueve (9) fueron historiadores (Ana María Presta, Cristina Bellelli, Cristian Rainiero Buchrucker, Daniel Campi, Ariel Omar Guiance, Silvia Beatriz Lazzaro, Daniel Macor, Aurora Ravina, Beatriz Solveira) sobre un total de veintiuno
(21) (Reunión del 11 de agosto de 2005, Exp.No. 3987/04); c) en la Comisión que rechazó el Informe 2004-2005, estuvieron presentes sólo cuatro (4) historiadores (Nidia Areces, Seoane, Cristian Buchrucker, Ana Inés
Ferreyra) sobre un total de veintidos (22) apenas una quinta parte (Reunión de 6 y 9 de mayo de 2008, Exp.No.2209/06); y d) en la Comisión formada en
2009 para el art.41 estuvieron presentes sólo cuatro (4) historiadores (Ana Inés Ferreyra, Silvia Beatriz Lazzaro, Nelly Ongay, Ana Alejandra Teruel) sobre un total de veintidós (22) Investigadores, menos del 20% (Reunión de abril de 2009, Exp.2209/06); y en la suma total de evaluadores que dictaminaron sobre mis Informes en el CONICET (que fueron 64), se dieron:
entre otros una etnóloga, un sociólogo, una etno-historiadora, dos (2) biólogos, cinco (5) geógrafos, una decena (10) de arqueólogos, una veintena
(20) de antropólogos, y sólo una quincena (15) de historiadores, apenas la quinta parte del total.

Fuente: CONICET, Leg.00913; Exp.No. 3987/04; Exp.No.2209/06)



Anexo-III

Detalle de los subsidios otorgados por la Agencia a los miembros de la Comisión de Historia y Antropología del CONICET que evaluaron los Informes del suscripto (apellidos, fechas, montos y códigos de expedientes)
(2000-2008)

El detalle de los subsidios otorgados por la Agencia a los miembros de la Comisión de Historia y Antropología del CONICET antes de las dictámenes negativos a mi respecto (fechas, montos y códigos de expedientes), fue el
siguiente: a) la etnóloga Alejandra Siffredi (en el CONICET dos subsidios:
PIP Nº 02275, plurianual, 2002-2005; y PIP Nº 5572, 2005-2008; y en 2005 el Proyecto de Investigación en Ciencia y Técnica (PICT 04-12247); b) el geógrafo Guillermo Ángel Velázquez (el PICTR2002-00081); c) el sociólogo Roberto Cittadini el PICT 04-09371 por un monto de .000; d) la bióloga Bibiana Leonor Vilá (el PICT 99 Foncyt, por un monto de 1.000); e) el arqueólogo Roberto Joaquín Bárcena (PICT-2003-14463 por un monto total de .563); f) seis (6) antropólogos: Edgardo J. Cordeu (el PICT-BID 98 N° 04-04400 y un subsidio de más de 0.000 para una investigación ¿antropológica? sobre el golpe de estado de 1966); Héctor Carlos Vázquez (el PICT-2000-2001, bajo el código 04-09951, por un monto de .000; y el PICT-2005, código 32917, por un monto de 2.000; Sonia Edith Colantonio (el PICT-2002, bajo el código 04-12494 por un monto total de .821); Mónica Beatriz Lacarrieu (el PICT-38345 del 2005, por un monto total de 2.000); Guillermo Luis Mengoni Goñalons (PICT-2003 bajo el código 04-14425); Daniel Enzo Olivera (el PICT-2002, 04-12098; y el PICT-2004, bajo el código 26023 por 9.302); y g) sólo cinco (5) historiadores:
Ariel Omar Guiance (el PICT-2002, bajo el código 04-11272); Daniel Campi (en el 2002 el PICT 04-13099 por 5. 938); Cristina Bellelli (en el año 2000 el PICT 04-09976 por .000 y en 2004 otro PICT por 3.000); Ana Inés Ferreyra (el PICT-26023 del 2004 por 9.925); y Nidia Areces (el PICT-2002, bajo el código 329). Y el detalle de los subsidios otorgados con posterioridad a sus dictámenes negativos fue el siguiente: a) la geógrafa Cristina Ofelia Valenzuela un PICT en 2005 bajo el código 32.788 y otro PICT en 2006 bajo el código 21055; b) la especialista en arte rupestre María Isabel Hernández Llosas otro PICT bajo el código 00538b; c) seis (6) antropólogos Francisco Raúl Carnese (el PICT-2004, bajo el código 26077); Mabel Grimberg otro PICT en 2007 bajo el código 00230 por 0.000; Héctor Carlos Vázquez un PICT en 2004 bajo el código 04-09951 por un monto de 2.000; y la funcionaria del INADI Marta Mercedes Maffia un subsidio que alcanzó los 0.000; d) seis (6) arqueólogos: Osvaldo Mendonca un PICT en
2005 bajo el código 32807 por un total de 7.000; Mónica Salemme otro PICT en 2005 bajo el código 05-38096 por un monto total de 5.000; Luis Alberto Borrero un PICT en 2006 bajo el código 02046 por un monto de 7.600; y otro más reciente bajo el código 04-9498 BID 1728 y por un monto de .000; Laura Lucia Miotti un PICT en 2004 bajo el código
04-12387 por un monto de .541; y en 2006 otro PICT bajo el código 01552 por un monto total de 0.000; Eduardo E. Berberian (el PICT-2008-1551); y Gustavo Adolfo Martínez otro PICT en 2006 bajo el código 00264 por un monto total de 9.358; y e) sólo tres (3) historiadores: Beatriz Solveira un PICT en 2006 bajo el código 01281; Cristian Rainerio Buchrucker (el PICT-2007-02107-03); y Ana María Presta un PICT en 2006 bajo el código 01056, y en 2008 otro PICT bajo el código 2104 por un monto total de 8.115.

Fuente: Listados de Operatorias de la Agencia o ANPCYT



13
De: Eduardo R. Saguier Fecha: 2010-12-07 04:28

Falta de Transparencia-Conflicto de Intereses-Ministerio de Ciencia-Argentina
por Guillermo Noailles-Fiscal General

Los procedimientos utilizados por la Agencia cuando se genera un conflicto de intereses, no son claros ni precisos. No existen mecanismos de control que permitan afirmar la transparencia necesaria que debe primar en este tipo de situaciones. Más aún si se tiene presente que la línea de financiamiento PICT sería la más importante de la Agencia. En el 59.25% de los expedientes inspeccionados (recalco que sólo se trata de una muestra seleccionada por esta FIA) existe un conflicto de intereses. Vale decir, el coordinador de un área (o el co-coordinador) presentó un proyecto, ya sea como responsable o como investigador integrante, para su financiación.

Subsidios del BID-Agencia y Dictamen de la Fiscalia Por Guillermo Noailles-Fiscal General

Ministerio Público de la Nación
Fiscalía de Investigaciones Administrativas [FIA]

///ñor Fiscal General a cargo de la FIA:

I

Las presentes actuaciones se iniciaron a raíz de la denuncia presentada a fs.1/10, ampliada a fs. 14/15 y 16/17, por el Sr. Eduardo R. Saguier, cuya descripción ya fuera expuesta en mis anteriores informes de fs.18/vta. y 31/32, a cuyo texto me remito en honor a la brevedad.

Como se señaló en el informe anterior, agregado a fs.31/32, en virtud de la amplitud y ambigüedad de la denuncia, esta Fiscalía precisó y acotó el objeto de la investigación. Así, éste se circunscribió a las presuntas incompatibilidades que pudieran establecerse en relación a los coordinadores de áreas del Sistema de Evaluación de Proyectos Científicos y Tecnológicos – Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (SECTyT-FONCYT).

Puntualmente, la investigación practicada por esta FIA se relacionó con el procedimiento llevado a cabo para la elección de los pares que realizan las evaluaciones de los proyectos presentados por coordinadores de área del SEPCyT, en la línea de financiamiento PICT (Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica).

II

Medidas de prueba practicadas por esta FIA:

1.- El 03ene07 se libró oficio al Sr. Presidente de la Agencia Nacional de Promoción Científico-Tecnológica, dependiente de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación, Dr. José Lino S. Barañao, a fin de solicitarle la remisión de todas las normas que rigen la actividad de la Agencia, la competencia asignada a dicho organismo para el manejo y otorgamiento de subsidios, procedimiento, Código de Ética, etc. y la nómina de sus autoridades, como así también con un informe específico sobre las incompatibilidades vigentes para ser beneficiario de un subsidio (fs.13).

2.- Con fecha 10set07 se libró nuevo oficio al señor Presidente de la Agencia, a fin de solicitarle la remisión de: 1.- Copia de los manuales operativos del FONCYT, establecidos por resolución de la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Cultura y Educación, y a propuesta de esa Agencia; según lo dispuesto por el artículo 12 del Decreto 1660/96.
2.- Copia de los manuales operativos del sistema de evaluación y acreditación de calidad que deberá proceder y aprobar toda actividad que sea promovida en el ámbito de esa Agencia; según lo dispuesto por el artículo 13 del Decreto 1660/96. 3.- Misiones y funciones de los Coordinadores de Áreas de esa Agencia. 4.- Copia del Reglamento de Becas del FONCyT. 5.- Lista de los beneficiarios de becas y/o subsidios, desde enero de 2003 hasta la actualidad; debiendo indicar los datos de registro de cada beneficio. Asimismo, se solicitó que se indique, de manera precisa, a qué se refiere el concepto “Investigador Formado y Activo” (fs.30).

3.- El 10oct07, reiterado el 08nov07, se solicitó al Presidente de la Agencia la remisión de una lista de los beneficiarios de becas y/o subsidios, desde enero de 2003 hasta esa fecha; debiéndose indicar los datos de registro de cada beneficio. Asimismo, se le hizo saber que no se había respondido a la restante información requerida por esta Fiscalía mediante oficio de fecha 10 de septiembre ppdo. (fs.36 y 38).

4.- Con fecha 28abr08 se libró nuevo oficio al Presidente de la Agencia a fin de solicitarle la remisión de una lista de los proyectos C&T a los que se haya concedido subvención (con líneas de financiamiento PICT, PICTO y
PME) desde enero de 2003 hasta esa fecha; con indicación de los nombres de todos los integrantes de cada uno de los proyectos, de sus datos identificatorios y de los montos adjudicados para cada proyecto (fs.41).

5.- En esa fecha, se citó a prestar declaración testimonial al denunciante, señor Eduardo R. Saguier para el día 20 de mayo de 2008 (fs.42/44).

6.- El 30may08 se libró oficio al Presidente de la Agencia a fin de solicitarle, en atención a la copiosa documentación remitida por ese organismo, la remisión de esa misma documentación, pero en soporte magnético para facilitar su estudio (fs.48).

7.- En virtud del examen de la documentación remitida por la Agencia el
10jul08 se libró oficio solicitándole la remisión de cincuenta (50) expedientes con la tramitación de sus proyectos; el que fue reiterado el
19ago08 (fs.51vta. y 57/vta.).

8.- El 10jul08 se libró oficio al señor Síndico General de la Nación a fin de solicitarle se informe si esa Sindicatura elaboró algún informe de auditoria relacionado con los subsidios otorgados por la Agencia, a Proyectos C&T –con líneas de financiamiento PICT, PICTO y PME-, desde enero de 2003 a la actualidad (fs.52).

9.- El 29oct08, en virtud del examen de la documentación remitida por la Agencia, se libró nuevo oficio a su Presidente a fin de solicitarle la remisión de la documentación que avale la designación de los pares por parte de los Coordinadores, en todas las áreas, para las evaluaciones de calidad de los Proyectos PICT 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006. También para los Proyectos PME 2003 y PME 2006. Se solicitó que dicha documentación incluya los nombres de los pares seleccionados para cada disciplina y el Coordinador que lo eligió en cada caso (fs.63).

10.- El01dic08, en virtud de que no se había dado total satisfacción a lo solicitado en el oficio anterior, se libró nuevo oficio a la Agencia reiterando la solicitud anteriormente cursada (fs.68).

11.- El 07may09 se citó a prestar declaración testimonial al señor Roberto Gargarella para el día 02jun09; la que luego, por problemas con la notificación del declarante se fijó para el día 30jun09 y finalmente fue recibida el 13ago09 (fs.90/91).

12.- El 31ago09 se libró oficio a la Presidencia de la Agencia a fin de solicitarle se informe nombre, domicilio, y documento nacional de identidad de las personas que cumplieron funciones como secretario/a en las siguientes áreas del SEPCyT, por los períodos solicitados: 1.- Ciencias Médicas en el año 2006. 2.- Tecnología Informática, de las Comunicaciones y Electrónica en el año 2006. 3.- Ciencias Económicas y Derecho en el año
2007 (fs.93).

13.- El 09oct09 se procedió a citar, para que presten declaración testimonial, a la señora Secretaria del Área Ciencias Médicas del SEPCYT-FONCYT, María de los Ángeles Apólito (fs.101/102), para el día viernes 6 de noviembre de 2009 a las 9.30 horas: a la señora Secretaria del Área Tecnología Informática, de las Comunicaciones y Electrónica del SEPCyT-FONCYT, Teresa Boselli, para el día viernes 6 de noviembre de 2009 (fs.103/104). Por último, a la señora Secretaria del Área Ciencias Económicas y Derecho del SEPCyT-FONCYT, Mónica Mendoza, para el día viernes
6 de noviembre de 2009, quien finalmente declaró el día 11nov09 (fs.107/108).

14.- El 12nov09 se libró oficio al Sr. Juez a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No.8 remitiendo fotocopia certificada de estas actuaciones, en respuesta a lo ordenado en la Causa No10152/09 con fecha 26 de octubre ppdo. Asimismo, se solicitó se autorice a personal de esta FIA a la compulsa y extracción de fotocopias de la Causa No.10152/09 de su registro (fs.113).

15.- Con fecha 08mar10 se libró oficio al Sr. Defensor Adjunto a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación a fin de solicitarle la remisión de fotocopia autenticada de la Actuación No.6684/08, caratulada “Solicitud de Intervención vinculada con presunta persecución por parte de un organismo dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva”
de su registro. El oficio fue reiterado el 14abr10 (fs.130 y 165).

16.- El 12mar10 se citó a prestar declaración testimonial al investigador Pedro Manfredo Alexander para el día 07abr10, quien finalmente declaró el 14abr10 (fs.163); al Licenciado Martín Virdis para el día 09abr10, quien declaró el día 13abr10 (fs.162). También se citó a la señora Secretaria del Área de Tecnología Informática, de las Comunicaciones y Electrónica de la Agencia, Victoria Castro, para el día 09abr10 (FS.153/154).

17.- El día 5ago10 se libró oficio al Sr. Juez a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No.8, Secretaría No. 15, a fin de solicitarle, previo a resolver estas actuaciones, el Expediente
No.10.152/09 caratulado “Agencia Nacional para la Promoción Científica y Otros s/Delito de Acción Pública” de su registro, por el término de 48 horas (fs.176).

18.- Se extrajeron, oportunamente, de la página de Internet http://www.agencia.secyt.gov.ar las listas de Coordinadores de Áreas del SEPCyT de los años 2003, al 2010 y se agregaron a las presentes actuaciones
(fs.24 a 28; 60/61; 75/76 y 177/178).

19.- Se agregó copia de la Ley 25.200, relativa a la obligatoriedad de informar acerca de la evaluación académica, científica y tecnológica (fs.179).

III

Con relación a las distintas declaraciones testimoniales recibidas en esta sede, cabe resaltar algunas cuestiones en ellas vertidas; principalmente relativas a algunas contradicciones o a ciertos desconocimientos en lo que respecta a la propia actuación de los declarantes. Cabe aclarar que estos trabajan actualmente o han trabajado como secretarios de distintas áreas.

A. En relación a los registros que llevan los coordinadores de área respecto a los pares que seleccionaron para las evaluaciones, se dijo:

–Sabemos que los coordinadores los llevan, pero no los presentan. El registro de cada evaluador con su respectivo proyecto, entiendo que no es obligatorio presentarlo en ningún momento del procedimiento. Los coordinadores lo que sí tienen obligación de presentar al final de cada convocatoria es el banco de evaluadores para que sea publicado en la página web de la Agencia y un informe sobre lo actuado (por ejemplo, explicando la cantidad de evaluadores contactados para cada área, porcentaje de extranjeros contactados o que actuaron, etc.). (De la declaración de Apólito, fs.101/102).

Los registros de los pares que participaron en las evaluaciones los llevan los propios coordinadores. En un principio sólo había un coordinador para cada área, como esto implicaba una gran responsabilidad muy concentrada en uno solo, el Directorio de la Agencia decidió aumentar el número de coordinadores por área, siendo desde entonces (creo que en el 2003) tres en cada área. Desconozco cómo llevan el registro en cuanto a la identidad de los pares. Lo único que el secretario recibe, una vez evaluados los proyectos, es una planilla con los proyectos del área con sus calificaciones y las evaluaciones, pero sin la identidad del evaluador (De la declaración de Boselli, fs.103/104).

No sé si hay registros de ello. Lo que sé es que los coordinadores de cada área son los que eligen a los pares que van a evaluar los proyectos (De la declaración de Mendoza, fs.107/108).

Yo no tenía registros de los pares elegidos por los coordinadores (De la declaración de Virdis, fs.162).

B Respecto a como se procede en la práctica cuando se produce un conflicto de intereses cuando un coordinador de área presenta un proyecto para ser
evaluado:

- No sé si está escrito en algún lado. En la práctica hay dos formas de evitar el conflicto de interés. La primera es que el coordinador que está involucrado en el proyecto se retire de la reunión de acreditación al momento que su proyecto se analizará y, a posterior, los otros dos coordinadores quedan a cargo de la elección de los pares para que evalúen ese proyecto. La otra forma que puede utilizarse para evitar el conflicto es que el proyecto pase a otra área similar, cuando el tema del proyecto lo permite. En este caso todo el proceso de evaluación se realiza en otra área (Apólito).

En estos casos no es el propio coordinador quien elige quien va a evaluar su propio proyecto. No recuerdo, en las comisiones que yo manejé, que se haya dado este caso. Y desconozco en la práctica como se ha procedido en estos casos. Lo que sé es que a partir de este año el Directorio dispuso que el responsable del FONCYT envíe los proyectos de coordinadores para ser evaluados por pares del extranjero en la búsqueda de una mayor independencia en la evaluación… Respecto al mecanismo que sigue el FONCYT para la evaluación de proyectos presentados por coordinadores no ha sido el mismo a lo largo de los años. Los primeros años (creo que hasta el 2001) los proyectos de los coordinadores eran enviados a pares elegidos por alguna autoridad de la Agencia. Con las evaluaciones obtenidas, los proyectos aprobados en calidad recibían, por parte del Directorio de la Agencia, un subsidio fijo, de un monto bastante menor que el que se adjudicaba a un proyecto que competía en la convocatoria pública. Después del 2001, el Directorio aprueba cambiar el procedimiento permitiendo que los proyectos presentados por coordinadores compitan con el resto de los proyectos y así puedan acceder a mayores montos de subsidios (Boselli)

Nunca me tocó una situación así en ninguna de las dos comisiones. No sé como se procede en esos casos. Entiendo que el coordinador no debería elegir a los pares que van a participar de esa evaluación… Para mí, en mi opinión personal, ni un coordinador ni un miembro del Directorio debería estar habilitado a presentar proyectos de investigación, en tanto esté en funciones (Mendoza).

Los secretarios de áreas en relación a la selección de pares, actuamos cuando existen proyectos que tienen conflicto de interés con el coordinador de área. Esto se da cuando el propio coordinador o gente de su equipo de investigación presenta proyectos para ser evaluados. En esos casos, el secretario de área confecciona una terna de posibles pares que se eleva al coordinador de evaluación del FONCYT (que es el coordinador del sistema de
evaluación) y la propuesta es tratada por el propio coordinador junto con el Director del FONCYT (De la declaración de Castro, fs.153/154).

Yo nunca tuve un caso así en mi área, pero entendía que en esos casos el encargado de mandar el proyecto para la evaluación de los pares era el co-coordinador (Virdis).

C. En cuanto al anonimato de los pares:

El anonimato de los pares es una condición que se estableció desde el inicio del SEPCYT-FONCYT, año 1997. En el año 2000 a 2001 hubo una ley que decía que debía hacerse pública la identidad de quienes evaluaban a las personas, pero la ley no especificaba que debía darse a conocer la identidad de quienes evaluaban proyectos. Por lo tanto, la Agencia mantiene el anonimato de los pares en la convicción de que es una manera de garantizar la independencia en el dictamen (Boselli).

Una vez que el par evalúa un proyecto (aclaro que los proyectos los evalúan siempre mas de un par, es decir cada proyecto tiene dos o tres
evaluaciones) el formulario de evaluación le llega por mail al coordinador; y una vez que junta las evaluaciones de cada proyecto las envía por mail al Secretario o Consultor del Área. Estas evaluaciones las envía sin el nombre del par que evaluó en cada caso. La idea es que no se sepa quien realizó las evaluaciones. Es mas, si llega a aparecer el nombre del evaluador, tenemos la indicación que debemos sacarlo del formulario. A la pregunta de donde surge el anonimato de los pares, respondió: no lo sé. Entiendo que sirve para evitar conflictos (Mendoza).

En el mismo sentido, ante la consulta de esta FIA, el Dr. Armando Bertanou, presidente del Directorio de la Agencia, respondió: A la luz de lo reseñado cabe aclarar que en relación a la designación de los pares, este organismo se encuadra palmariamente a lo establecido en el Decreto No. 1660/96, en lo referente a la doble instancia de evaluación, y a la creación de un banco de evaluadores, a la confidencialidad de las evaluaciones, y a la pluralidad de pares actuantes en el proceso. En este sentido expresamos que la normativa no prevé un procedimiento específico para la designación de los pares, lo cual no significa según lo consignado en vuestro Oficio violar la transparencia y la objetividad en los actos de gobierno.

IV

Por otra parte, el artículo 3 de la ley No. 25.200 establece: “Todas las personas evaluadas tendrán derecho a solicitar los nombres de los jurados que los evaluaron, no pudiendo las instituciones negarles esa información”.

Al respecto, Pedro Manfredo Alexander, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, realizó una presentación en virtud de que no le habían proporcionado los nombres de los evaluadores que analizaron su informe reglamentario 2001/2002. Ello, en virtud de lo que señala la ley antes citada.

Así, se conformó el Expediente No.660/04-SG-OMESyA del registro del CONICET. En su declaración (fs.163/vta.) Alexander expresó, ante la pregunta de esta FIA sobre el estado de trámite: En realidad no lo sé porque tiempo después me llegó una carta del CONICET informando la reevaluación del informe, el que posteriormente fue calificado como aceptable. Entiendo que el trámite “quedó en un limbo”.

Asimismo, ante otra pregunta de esta FIA relativa a como funciona, de acuerdo a su experiencia como investigador del CONICET y en relación a los proyectos presentados ante el FONCYT, el tema de las evaluaciones y, principalmente, del anonimato de los evaluadores, respondió: En primer lugar, la ley 25.200 no se cumple. En mi caso, ante mis planteos, el CONICET me informó que me había evaluado toda la comisión del área. A mi parecer, tal respuesta fue un artilugio para evitar dar los nombres concretos de los evaluadores. En cuanto al FONCYT, hemos presentado otros proyectos que no fueron subsidiados; pero en estos casos no pedimos los nombres de los evaluadores. Nos fue entregado un informe de la evaluación sin nombres.

Al respecto, reitero aquí lo que Teresa Boselli, funcionaria de la Agencia, en su declaración señaló: En el año 2000 o 2001 hubo una ley que decía que debía hacerse pública la identidad de quienes evaluaban a las personas, pero la ley no especificaba que debía darse a conocer la identidad de quienes evaluaban proyectos. Por lo tanto, la Agencia mantiene el anonimato de los pares en la convicción de que es una manera de garantizar la independencia en el dictamen.

V

De la lectura de la documentación agregada a estos actuados, tengo por acreditado que en la línea de financiamiento PICT los coordinadores y co-coordinadores de algunas áreas presentaron proyectos para ser financiados.

El análisis se practicó teniendo en cuenta los 27 expedientes PICT desde el año 2002 al 2006 (requeridos oportunamente por esta FIA como muestra) y los coordinadores designados en la Agencia entre los años 2003 y 2007.

Así podemos señalar:

1) PICT 2005. Código 31541. Responsable del proyecto: Arzt, Eduardo Simón.
Coordinador del Área Ciencia Médicas en los años 2003 al 2006 y Co-coordinador en esa área en el año 2007.

2) PICT 2003. Código 5-13424. Responsable del proyecto: Arzt, Eduardo Simón. Coordinador del Área Ciencias Médicas en los años 2003 al 2006 y Co-coordinador en esa área en el año 2007.

3) PICT 2006. Código 108. Responsable del proyecto: Arzt, Eduardo Simón.
Coordinador del Área Ciencias Médicas en los años 2003 al 2006 y Co-coordinador en esa área en el año 2007.

4) PICT 2005. Código: 31660. Responsable del proyecto: Cabada, Marcelo Oscar. Coordinador del Área Ciencias Biológicas los años 2003 y 2004.
Coordinador del Área Ciencias Biológicas de Células y Moléculas los años
2005 y 2006.

5) PICT 2003. Código 1-15092. Responsable del proyecto: Cabada, Marcelo Oscar. Coordinador del Área Ciencias Biológicas los años 2003 y 2004.
Coordinador del Área Ciencias Biológicas de Células y Moléculas los años
2005 y 2006.

6) PICT 2004. Código 21592. Investigador integrante del proyecto: Carelli, Ricardo. Co-coordinador del Área Tecnología Informática de las Comunicaciones y Electrónica del 2005 al 2007.

7) PICT 2002. Código 08-10849. Responsable del proyecto: Mroginski, Luis Amado. Coordinador del Área Tecnología Agraria, Pecuaria, Forestal y Pesquera del año 2003.

8) PICT 2002. Código 09-12085. Responsable del proyecto: Añon, María Cristina. Coordinadora del Área Tecnología de Alimentos de los años 2003 al 2006.

9) PICT 2002. Código 05-12397. Responsable del proyecto: Beaugé, Luis.
Co-coordinador del Área de Ciencias Médicas de los años 2003 al 2005.

10) PICT 2005. Código 38073. Responsable del proyecto: Beaugé, Luis.
Co-coordinador del Área de Ciencias Médicas de los años 2003 al 2005.

11) PICT 2002. Código 14-12174. Investigador integrante del proyecto:
Schalamuk, Isidoro Bernardo. Co-coordinador del Área Tecnología Energética y Minera y Tecnología Mecánica y de Materiales de los años 2003 al 2005.

12) PICT 2003. Código 10-17348. Responsable del proyecto: Schalamuk, Isidoro Bernardo. Co-coordinador del Área Tecnología Energética y Minera y Tecnología Mecánica y de Materiales de los años 2003 al 2005.

13) PICT 2003. Código 1-15042. Responsable del proyecto: Cazzulo, Juan José. Co-coordinador del área Ciencias Biológicas del año 2003.

14) PICT 2005. Código 32034. Investigador integrante del proyecto:
Helbling, Walter. Co-coordinador del área Ciencias Biológicas de Organismos y Sistemas de los años 2005 al 2007.

15) PICT 2005. Código 38052. Investigador integrante del proyecto:
Helbling, Walter. Co-coordinador del área Ciencias Biológicas de Organismos y Sistemas de los años 2005 al 2007.

16) PICT 2006. Código 934. Investigador integrante del proyecto: Gugliotta, Luis. Coordinador del Área Tecnología Química de los años 2006 y 2007.

VI

En el 59.25% de los expedientes inspeccionados (recalco que sólo se trata de una muestra seleccionada por esta FIA) existe un conflicto de intereses.
Vale decir, el coordinador de un área (o el co-coordinador) presentó un proyecto, ya sea como responsable o como investigador integrante, para su financiación.

Así, dentro de la operatoria llevada a cabo en el área de evaluación, los coordinadores (que presentaron sus proyectos cada uno en su área de
desempeño) son los que seleccionan a los pares que van a realizar las evaluaciones de los proyectos. Por lo hasta aquí investigado, no supe que la Agencia cuente con un procedimiento formal establecido para estos casos.

En sentido contrario, lógicamente, se ha pronunciado el Director de la Unidad de Control de Gestión y Asuntos Legales de la Agencia (ver fs.183/193); mas sin embargo, de la investigación llevada a cabo por esta FIA (en el estricto marco al que se ha limitado) no ha podido confirmarse, por ejemplo, la existencia de un mecanismo transparente y eficiente en materia de recusaciones y excusaciones; como así tampoco, la existencia real del registro de pares que evalúan cada proyecto (que, desde ya, no obra agregado a las actuaciones) ni de su disponibilidad frente a reclamos de los evaluados.

Los procedimientos utilizados cuando se genera un conflicto de intereses, no son claros ni precisos. No existen mecanismos de control que permitan afirmar la transparencia necesaria que debe primar en este tipo de situaciones. Más aún si se tiene presente que la línea de financiamiento PICT sería la más importante de la Agencia. Al respecto, Teresa Boselli, en su declaración expresó: “la línea que tiene mayor visibilidad y a la que la Agencia le ha dedicado mayores esfuerzos en definir los procedimientos más claros es la línea PICT. El esfuerzo puesto en ésta se debe a que es a la que aplica casi toda la comunidad científica”.

VII

Partiendo entonces de la denuncia, esta FIA ha efectuado una investigación, que si bien por un lado no ha podido detectar situaciones concretas que justifiquen la promoción de una actuación disciplinaria (la judicial ya ha sido iniciada. Expediente No.10.152/09 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No.8, Secretaría No.15, sin que de ella surjan elementos que permitan arribar a una diferente conclusión) si ha evidenciado un procedimiento que no parece reunir los requisitos básicos que garanticen la transparencia indispensable en el manejo de fondos públicos.

Como ya se expresara, esto se ha apreciado en particular en la ausencia de un mecanismo claro que permita reconstruir el modo en que se aprobó la financiación de un determinado proyecto, y si en ese procedimiento han intervenido personas con intereses contrapuestos (coordinadores o co-coordinadores que eligen pares que podrían haber evaluado proyectos presentados por esos mismos coordinadores o co-coordinadores).

Sin perjuicio del secreto que pueda regir alguna parte de un procedimiento administrativo, en particular cuando se trata del otorgamiento de fondos, el Estado debe proceder de modo tal que, aunque solo sea a posteriori, el mecanismo aplicado pueda ser examinado en su totalidad. Obsérvese que, precisamente en esta investigación ha sido un obstáculo para la determinación de irregularidades concretas la laxitud del procedimiento que se sigue en los casos examinados; lo que no ha permitido una evaluación precisa de situaciones que se pueden presentar con cierta frecuencia (En el acápite V, ha quedado evidenciado con el grado de certeza que permite esta investigación meramente preliminar- que el porcentaje de casos en que coordinadores o co-coordinadores presentan proyectos para su evaluación sería elevado -59,25% de la muestra seleccionada-).

No tengo duda de que el procedimiento para el otorgamiento de líneas de financiación en el que interviene una Agencia estatal debe poder permitir
determinar: 1.- quién elige a los evaluadores; 2.- qué proyectos evalúan estos; 3.- mecanismos de recusación y/o excusación de los evaluadores; y
4.- por lo tanto, acceso por parte de los evaluados a las constancias que acrediten estos hechos (aunque esto, repito, por alguna razón sea preferible que se produzca a la finalización del procedimiento).

VIII

En ese entendimiento, estimo oportuno propiciar entonces se remita copia certificada de este Expediente No.23.612/1592 al Honorable Congreso de la Nación para que se evalúe la pertinencia de incorporar en la legislación relacionada con el funcionamiento de la Agencia los mecanismos de control necesario en situaciones donde se exteriorizan conflictos de intereses.
Ello, sin dejar de lado lo ya establecido en la Ley No.25.200 que actualmente no sería aplicada por los funcionarios de la Agencia en los casos que se han examinado y que parece obvio, ha tenido en miras el mismo espíritu.

Asimismo, entiendo que correspondería remitir fotocopia de este informe al Sr. Juez a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No.8, Secretaría No.15, en relación con la Causa No.10.152/09 de su registro.



Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Fisc. No. 4, 26 de agosto de 2010-11-30



RICARDO RENOM

Fiscal de Investigaciones Administrativas





///nos Aires, 31 de agosto de 2010-11-30 Vistas las presentes actuaciones y el informe que antecede, procédase de conformidad con lo propiciado



GUILLERMO FELIPE NOAILLES

FISCAL GENERAL




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